La Asamblea de Antioquia aprobó cambios en la Junta Directiva de la Fábrica de Licores que generan debate sobre la participación del sector privado

Medellín — En medio de un intenso debate político y social, la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó en segundo debate una ordenanza que modifica la composición de la Junta Directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una empresa pública con más de un siglo de historia que representa una de las principales fuentes de ingresos para programas sociales y desarrollo regional.

La reforma, impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón, consiste en ampliar el número de miembros del máximo órgano de dirección y equilibrar la participación entre representantes públicos y del sector privado, una propuesta que ha generado rechazo y acusaciones de supuesta “privatización” por parte de sectores de la oposición y algunos diputados.

Según críticos de la medida, entre ellos el diputado Manuel García, esta reconfiguración podría significar una pérdida de control público sobre una entidad emblemática e importante financieramente para Antioquia, una inquietud que se ha intensificado en plena discusión legislativa del proyecto.

La Fábrica de Licores de Antioquia, conocida localmente como FLA, es una empresa industrial y comercial del Estado (EICE) que produce aguardientes y licores, con una participación dominante en el mercado colombiano y presencia internacional, aportando recursos significativos al desarrollo territorial.

Su junta directiva tradicionalmente ha estado compuesta por representantes del gobierno departamental, el secretario de hacienda, el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y dos miembros independientes que, por ley, deben ser designados por las autoridades públicas.

El cambio aprobado introduce un miembro adicional del sector privado, situación que, según sus detractores, podría abrir puertas a decisiones influenciadas por intereses externos más que por el bienestar público antioqueño.

La polémica no se hizo esperar.

En los pasillos de la Asamblea, el diputado García lanzó fuertes críticas durante el debate: “¿Cuál es el negociado? ¿Qué están manejando ustedes? ¿Por qué quieren que unos particulares tengan control de la compañía?”.

La dureza de su intervención refleja la preocupación de grupos políticos y de ciudadanos que ven en este cambio una amenaza para una empresa que, desde su fundación en 1919, ha simbolizado autonomía e identidad regional, además de ser una fuente estable de recursos que se destinan, entre otros, a salud, educación, infraestructura y deporte.

Sin embargo, quienes apoyan la iniciativa han defendido la reforma como una modernización necesaria para fortalecer la gobernanza de la FLA en un mercado cada vez más competitivo.

El gobernador Rendón ha sostenido que la inclusión de perfiles técnicos e independientes puede aportar experiencia empresarial y visión estratégica, aspectos que, a su juicio, beneficiarían el rendimiento y la gestión de la empresa sin poner en riesgo su carácter público.

En la sesión plenaria, miembros de la Gobernación argumentaron que el proyecto no implica una privatización, remarcando que la FLA continuará siendo una empresa pública con propiedades y responsabilidades claras ante los antioqueños.

El debate no solo quedó en la teoría, pues carteles aparecieron en los alrededores del recinto legislativo con mensajes dirigidos a movilizar a la comunidad ante lo que algunos denominan “una decisión que atenta contra el patrimonio antioqueño”, evidenciando el impacto político que ha generado este proyecto en el entorno civil y social.

Líderes sindicales, estudiantes y representantes de organizaciones sociales han expresado su descontento, considerando que estos cambios deben ser discutidos con mayor participación ciudadana y mayor transparencia, sobre todo cuando se trata del futuro de una empresa con tanta trascendencia en el departamento.

Históricamente, la FLA ha tenido un papel protagónico en la vida económica de Antioquia, con cifras récord de producción que superan los 73 millones de unidades vendidas en un solo año, consolidándose no solo como la más grande del país, sino como un símbolo de soberanía productiva y autonomía regional.

Por eso, cualquier insinuación de “privatización” —aunque desde el Ejecutivo se niegue tal intención— despierta inquietudes sobre la protección de un patrimonio que es percibido como colectivo y no como un activo disponible únicamente para decisiones administrativas.

Defensores de la reforma enfatizan que, para modernizar la empresa sin sacrificar su esencia pública, es necesario incorporar conocimientos especializados que pueden provenir del sector privado, siempre y cuando los criterios de selección y las funciones estén regulados bajo estrictos principios de transparencia y responsabilidad social.

Este enfoque, según sus promotores, no representa un riesgo de privatización sino una respuesta a los desafíos de un mercado cada vez más exigente y globalizado.

No obstante, para detractores como García, el asunto toca fibras sensibles relacionadas con la confianza pública en las instituciones y el resguardo de decisiones estratégicas que afectan no solo la empresa sino el uso de sus recursos, que terminan en inversiones sociales.

“Que sean claros: ¿qué les ofrecieron? ¿qué les están dando?”, planteó el diputado con vehemencia al señalar la necesidad de explicaciones completas sobre los motivos y las consecuencias de este cambio legislativo, poniendo en evidencia la desconfianza que persiste en amplios sectores de la sociedad antioqueña.

La polémica está lejos de cerrarse.

Con la ordenanza aprobada en segundo debate, el proyecto avanza hacia su última etapa de discusión y votación en plenaria, mientras distintas voces ciudadanas, gremiales y políticas siguen planteando interrogantes sobre el futuro de una empresa pública que ha sido parte de la identidad antioqueña durante más de un siglo.

La tensión entre modernización y protección del interés público continúa vigente, reflejando un debate profundo sobre la relación entre el sector estatal y el privado en el manejo de activos estratégicos que contribuyen al desarrollo regional.