Tres días de detención, cuatro meses de encierro voluntario y once años de litigio penal marcaron la juventud del laureado actor argentino, quien décadas después apunta a una maniobra política de distracción mediática.

En la actualidad, el nombre de Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) se asocia indefectiblemente a la excelencia cinematográfica internacional, avalado por hitos como El secreto de sus ojos, Nueve reinas o Argentina, 1985.

Sin embargo, antes de erigirse en el actor fetiche del cine hispanohablante, su trayectoria civil y profesional se vio súbitamente interrumpida por un proceso judicial de alta repercusión pública.

En marzo de 1991, en pleno apogeo de su etapa como galán televisivo, Darín se convirtió en el epicentro de una espectacular redada policial que lo llevó a ingresar en prisión y que arrastró su buen nombre por los tribunales durante más de una década.

Para comprender la magnitud del suceso, es preciso retrotraerse al ecosistema mediático de los albores de los años noventa.

Tras debutar tempranamente a los diez años en las tablas y consolidarse en la televisión durante su adolescencia, Darín integró el selecto grupo de los denominados «galancitos», desatando la histeria colectiva en salas teatrales de todo el país.

Su participación en producciones de Alberto Migré y éxitos de la talla de Estrellita Mía —junto a Andrea del Boca— o Rebelde coincidieron con un mediático e intenso noviazgo de nueve años con la diva de la televisión argentina, Susana Giménez.

No obstante, su rumbo personal viró drásticamente en 1987 cuando, durante las funciones de la obra musical Sugar, conoció a Florencia Bas, una joven estudiante de traducción de 18 años.

Tras una fulminante declaración de amor, la pareja contrajo matrimonio en abril de 1988 y dio la bienvenida a su primer hijo, Ricardo Mario —el hoy reconocido actor «Chino» Darín—, en enero de 1991.

Fue en este idílico contexto familiar donde una transacción comercial de aparente buena fe transformó su realidad en una pesadilla.

A principios de la década de los noventa, el mercado automotriz argentino se encontraba fuertemente regulado por aranceles aduaneros de carácter estratosférico, lo que tornaba la importación de vehículos extranjeros en un privilegio exclusivo.

Paralelamente, regía la Ley Nacional Nº 19.279, una normativa de amparo social diseñada para que las personas con discapacidad pudieran importar automóviles exentos de gravámenes arancelarios para su uso personal, prohibiendo taxativamente su comercialización ulterior.

Al amparo de esta legislación, diversas organizaciones delictivas operaban en los márgenes de la legalidad, utilizando la identidad y franquicias de beneficiarios legítimos para ingresar vehículos de alta gama que luego eran introducidos en el mercado formal mediante intermediarios.

Ricardo Darín, deseoso de adquirir una camioneta Nissan Pathfinder modelo 1988 —un artículo de absoluto lujo para la época—, recurrió a un gestor comercial.

La transacción se perfeccionó mediante un plan de pagos mensuales, facturaciones transparentes y documentación que el actor presumió legítima, ignorando de forma absoluta que el rodado cargaba con una habilitación irregular por discapacidad.

La burbuja estalló el viernes 22 de marzo de 1991.

Por orden del juez en lo Penal Económico, Enrique Lotero, cinco efectivos policiales irrumpieron en el domicilio del actor bajo las severas calificaciones legales de violación a la Ley de Franquicias, contrabando calificado y asociación ilícita, imputación esta última que lo posicionaba penalmente como presunto líder de la banda de contrabandistas.

Entre los flashes de los reporteros gráficos que habían sido alertados con antelación y los cuestionamientos directos de la prensa, Darín fue conducido esposado a una dependencia policial, donde permaneció incomunicado durante 72 horas.

Aunque las autoridades judiciales le otorgaron la libertad provisional al tercer día de reclusión, el veredicto social de los medios de comunicación resultó demoledor.

Catalogado como el emblema de la impunidad en «el caso de los ricos y famosos», Darín experimentó un cuadro depresivo agudo que lo mantuvo recluido en su residencia por un espacio de cuatro meses, imposibilitado de afrontar el escrutinio público de las calles.

«Mi integridad, mi forma de ser y mi crianza me impedían salir porque yo quería explicárselo a todo el mundo, persona por persona en la calle. Y como no podía hacer eso, directamente no salí. No me daba el cuero», confesaría el actor décadas más tarde en una profunda entrevista televisiva brindada en 2024.

La paulatina recuperación de su dignidad civil aconteció meses después, cuando su esposa Florencia lo persuadió para asistir a una función teatral.

Durante el entreacto, una espectadora anónima se aproximó al intérprete para manifestarle una sentencia que Darín catalogó como su salvación moral: «Yo confío en usted antes que en la justicia argentina. No tenga vergüenza».

La resolución del proceso penal demandó once extensos años de peritajes, comparecencias y audiencias extenuantes.

Durante los litigios, la defensa demostró la manifiesta incoherencia de la acusación, argumentando que un líder de contrabando difícilmente abonaría un bien en cuotas bancarias provisto de facturas oficiales en blanco.

Finalmente, en el año 2002, la Cámara en lo Penal Económico ratificó la absolución definitiva de Ricardo Darín, explicitando que la causa penal se encontraba prescripta por el paso del tiempo y dictaminando formalmente que el actor había obrado como un comprador de buena fe, ajeno a las maniobras fraudulentas del intermediario.

Pese al dictamen de inocencia, las secuelas institucionales y profesionales perduraron.

Con la perspectiva que otorgan más de treinta años de distancia, Darín rompió su histórico silencio para desvelar sus sospechas sobre los verdaderos resortes que propiciaron su mediático arresto:

«Esa causa nunca fue del todo aclarada. Yo tengo mis propias opiniones al respecto, pero no tiene sentido revolver el balde. Si vas a los medios de esa época, a mí me usaron para tapar algo muy grande que estaban encubriendo».

Las hipótesis históricas de los analistas políticos de la época coinciden con el descargo del actor: su detención sirvió como la cortina de humo perfecta para desviar la atención de la opinión pública de una red de contrabando masivo a gran escala que involucraba a altos funcionarios gubernamentales y figuras de notable poder político.

Las respuestas definitivas sobre quiénes instrumentaron su detención permanecen sepultadas en los archivos de los años noventa, pero el episodio quedó como el testimonio de un hombre que debió batallar contra el aparato estatal para salvaguardar su honor familiar antes de conquistar el respeto del cine mundial.