El presidente Gustavo Petro deberá expedir un nuevo decreto para sustentar el aumento del salario mínimo del 23,7 %, tras una decisión provisional del Consejo de Estado, aunque el incremento continúa vigente.

El aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro volvió al centro del debate nacional luego de que el Consejo de Estado ordenara al Ejecutivo expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días para sustentar jurídicamente la medida.

Mientras se emite esa decisión, el incremento del 23,7 % anunciado en diciembre continúa vigente y debe ser aplicado por los empleadores, según reiteró el propio mandatario.

“El empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas”, afirmó el jefe de Estado, subrayando que el acto administrativo no ha sido anulado de fondo y que conserva efectos mientras se expide la nueva disposición.

El debate tomó un giro adicional tras un mensaje publicado por el presidente en el que citó un estudio del economista Daniel Ossa, profesor de la Universidad de Denver.

“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales”, escribió Petro, al referirse a la diferencia histórica entre productividad laboral y salario real en Colombia.

Según el análisis mencionado, desde comienzos de la década del 2000 el crecimiento de la productividad no se habría reflejado proporcionalmente en el ingreso de los trabajadores.

Actualmente, el salario mínimo se ubica en 1.750.000 pesos, y con el auxilio de transporte alcanza cerca de 2.000.000.

El Gobierno sostiene que el incremento del 23,7 % respondió a criterios constitucionales que ordenan tener en cuenta la productividad y el carácter “vital y móvil” del ingreso básico.

Desde la Casa de Nariño se insiste en que la figura de salario móvil implica que no puede desmejorarse lo ya decretado.

El magistrado que adoptó la decisión provisional en el Consejo de Estado es Juan Carlos Morales, quien consideró necesario que el Ejecutivo amplíe la motivación jurídica del decreto.

Desde sectores oficialistas se ha aclarado que los magistrados de esa corporación no son ternados directamente por el Presidente en esa sección específica, en respuesta a cuestionamientos que circularon en redes sociales.

En paralelo, varios gremios empresariales han manifestado públicamente que mantendrán el incremento anunciado en diciembre.

Desde la Asociación Nacional de Empresarios se invitó a sus afiliados a cumplir con el aumento del 23 %, destacando la importancia de la estabilidad laboral.

Algunos empresarios han señalado que, aunque el ajuste representa un reto, optarán por sostenerlo para garantizar tranquilidad a sus trabajadores.

En contraste, dirigentes políticos de oposición han expresado reparos frente a la medida.

La senadora Paloma Valencia pidió que se mantenga el incremento del 23,7 % y propuso aliviar cargas tributarias para facilitar su pago.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha señalado que el debate debe centrarse en la sostenibilidad fiscal y en evitar mayores presiones económicas para el sector productivo.

Durante los últimos meses, algunos gremios advirtieron que un aumento elevado podría impactar con mayor fuerza a micro y pequeñas empresas.

Jaime Alberto Cabal, dirigente gremial del comercio, sostuvo en entrevista radial que “especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, mantener incrementos tan altos es casi insostenible”, aunque reconoció que la decisión final debe enmarcarse en el respeto a la ley.

El Gobierno, en tanto, ha defendido que un mayor ingreso puede dinamizar el consumo interno.

“Ni un despido le generó al propietario del Éxito el aumento del salario mínimo.

Al contrario, puede vender más porque entre más plata la gente tenga en el bolsillo, más compra”, expresó Petro en un mensaje en el que aludió al comportamiento del mercado frente al aumento del poder adquisitivo.

La discusión ocurre en un contexto preelectoral y ha adquirido un tono político evidente.

Desde sectores cercanos al Ejecutivo se interpreta que la suspensión provisional buscaba abrir un debate público sobre la viabilidad del incremento, mientras que desde la oposición se insiste en la necesidad de revisar cuidadosamente el sustento técnico y fiscal.

Por ahora, el escenario inmediato está definido por el plazo otorgado al Gobierno para expedir un nuevo decreto con argumentación reforzada.

De mantenerse el incremento actual, el salario mínimo continuará con el ajuste del 23,7 %.

Si el Ejecutivo decidiera acoger plenamente la tesis expuesta en el estudio citado por el presidente, el debate podría ampliarse hacia un eventual ajuste mayor, aunque no existe anuncio oficial en ese sentido.

En medio de posiciones encontradas, el aumento del salario mínimo se consolida como uno de los ejes centrales de la agenda económica y política del país.

El resultado del nuevo decreto y la decisión de fondo del Consejo de Estado marcarán el rumbo definitivo de una medida que impacta directamente a cerca de 2,4 millones de trabajadores formales en Colombia.