Iván Cepeda denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un supuesto plan de persecución política en su contra impulsado por sectores de la derecha encabezados por Álvaro Uribe Vélez

El senador Iván Cepeda Castro denunció públicamente la existencia de un supuesto plan para desacreditarlo y afectar al movimiento del Pacto Histórico en el actual escenario preelectoral.

Durante una intervención en Santander de Quilichao, el congresista aseguró que sectores de la derecha, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, estarían impulsando acciones nacionales e internacionales para judicializarlo y frenar su proyección política.

“La extrema derecha de este país, encabezada por su jefe, Álvaro Uribe Vélez, anda en una campaña para intentar evitar que triunfemos en las elecciones de Congreso y también en las elecciones presidenciales”, afirmó Cepeda ante una plaza llena de simpatizantes.

En su discurso sostuvo que emisarios habrían acudido a instancias en Estados Unidos con el propósito de promover procesos judiciales en su contra y contra otros miembros del Pacto Histórico.

El senador informó además que remitió un informe detallado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando lo que calificó como persecución política.

“En el día de ayer envié a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe detallado de la persecución contra el Pacto Histórico, contra el presidente Petro”, declaró, al tiempo que denunció obstáculos que, según dijo, han afectado su participación en escenarios electorales recientes.

En paralelo, volvió a tomar fuerza el debate en torno a los llamados “correos de Raúl Reyes”, relacionados con información extraída en 2008 tras un operativo militar contra el exjefe guerrillero de las FARC.

En redes sociales, el expresidente Uribe escribió: “Computadores de Raúl Reyes son prueba contra Iván. Él trabaja para las FARC”.

La afirmación reavivó una controversia que ya había sido objeto de análisis judicial.

Sobre este punto, Cepeda y sectores afines recuerdan que la Corte Suprema de Justicia se pronunció en 2011 respecto a la validez de esos archivos.

En la decisión de la Sala de Casación Penal, aprobada el 18 de mayo de ese año, se indicó que los supuestos correos electrónicos no fueron hallados en un servidor o red de transmisión de datos, sino en archivos en formato Word, lo que impedía establecer con certeza su origen y destino.

El documento judicial señaló que no se acreditó adecuadamente la cadena de custodia del material, requisito esencial en el sistema penal acusatorio colombiano para garantizar la integridad y autenticidad de una prueba.

El debate jurídico gira precisamente en torno a ese concepto: la cadena de custodia es el procedimiento que documenta cada etapa de recolección, preservación y traslado de un elemento probatorio desde su hallazgo hasta su presentación ante un juez.

Si no se demuestra su cumplimiento, la evidencia puede perder validez procesal.

En su momento, el alto tribunal concluyó que no era posible otorgar a esos archivos la condición de prueba con plena garantía.

Mientras la discusión reaparece en el ámbito político, en distintos actos públicos se han registrado manifestaciones a favor y en contra de las principales figuras del escenario nacional.

En Barranquilla circularon videos en los que se observa al expresidente Uribe siendo abucheado por un grupo de ciudadanos.

Las imágenes muestran consignas y gritos de protesta en medio de un ambiente tenso, reflejo de la polarización que atraviesa el país.

Cepeda, por su parte, llamó a la movilización pacífica y al respaldo electoral de su colectividad.

“No nos vamos a dejar pisotear y si es necesario nos movilizaremos”, expresó ante sus seguidores.

En su intervención insistió en la necesidad de obtener mayorías en el Congreso para consolidar reformas estructurales y defendió los resultados del actual gobierno en materia social y económica.

El contexto político incluye también controversias con medios de comunicación.

Desde sectores oficialistas se cuestionó recientemente a portales y revistas por la difusión de informaciones que luego fueron rectificadas, en particular en relación con cifras contractuales del sistema público de medios.

Voceros gubernamentales han señalado que algunas publicaciones carecieron de verificación suficiente y han anunciado acciones judiciales por presunta afectación reputacional.

El clima preelectoral, marcado por acusaciones cruzadas, procesos judiciales pasados que resurgen en el debate y denuncias ante organismos internacionales, evidencia la intensidad de la confrontación política.

Las declaraciones de Cepeda ante la CIDH y la reactivación del caso vinculado a los archivos de Raúl Reyes se suman a un escenario en el que cada sector busca reforzar su narrativa ante la opinión pública.

En medio de la controversia, el senador reiteró su llamado a la participación ciudadana y a la defensa de lo que considera un proyecto político alternativo.

“No nos vamos a dejar pisotear”, repitió, subrayando que responderá a las acusaciones con argumentos jurídicos y movilización democrática.