El candidato presidencial Iván Cepeda anunció al exministro y actual embajador ante El Vaticano, Iván Velásquez, como el jefe de su eventual Sistema Nacional Anticorrupción en caso de ganar las elecciones

El tablero político colombiano de cara a las próximas elecciones presidenciales ha sumado un movimiento de alto impacto estratégico.

El candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha revelado oficialmente que el exmagistrado y experimentado jurista Iván Velásquez Gómez será la pieza angular de su propuesta de transparencia, perfilado como el eventual jefe del Sistema Nacional Anticorrupción en caso de alcanzar la jefatura de Estado.

El anuncio, que constituye el primer nombramiento programático del aspirante de izquierda más allá de su fórmula vicepresidencial, ha reavivado de inmediato el debate nacional sobre la justicia, el pasado judicial del país y las históricas tensiones entre las distintas fuerzas políticas.

Iván Velásquez cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el ámbito del derecho, los derechos humanos y la investigación criminal, lo que lo convierte en una figura tan respetada por sus seguidores como polarizante para sus detractores.

Nacido en Medellín y formado en la Universidad de Antioquia, Velásquez inició su notoriedad pública desde la dirección del Colegio Antioqueño de Abogados, donde se opuso firmemente a las medidas de excepción judicial de la época del narcoterrorismo, tales como los jueces sin rostro.

Su carrera ascendente lo llevó a ocupar la Procuraduría Departamental de Antioquia a principios de la década de 1990, un periodo marcado por sus rigurosas investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil, además de la consolidación de la Oficina Permanente de Derechos Humanos en dicha región.

Sin embargo, el capítulo que definió su proyección nacional e internacional comenzó en el año 2000, cuando fue elegido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Entre 2006 y 2012, Velásquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, la instancia encargada de destapar los nexos entre la clase política y los grupos paramilitares, en el macroproceso conocido históricamente como la «parapolítica».

Bajo su liderazgo técnico, la justicia colombiana logró la condena de medio centenar de congresistas y documentó los vínculos criminales de más de 130 líderes políticos, la gran mayoría de ellos pertenecientes a las coaliciones de gobierno de la administración de Álvaro Uribe Vélez.

Esta labor le valió el reconocimiento de la International Bar Association en 2011 y de la Asociación de Jueces Alemanes en 2012, consolidando su reputación internacional como un cazador de redes de impunidad, lo que posteriormente lo llevó a liderar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) bajo el amparo de la Organización de las Naciones Unidas.

El peso de su nombre dentro del actual panorama gubernamental no es menor, dado que Velásquez es un funcionario activo y de absoluta confianza dentro del ala del progresismo.

Tras desempeñarse como el último de los ministros originales del gabinete inicial de Gustavo Petro en la cartera de Defensa —donde impulsó mejoras sustanciales en el bienestar y la remuneración de la fuerza pública antes de su dimisión a principios de 2025—, el abogado asumió las funciones de embajador de Colombia ante El Vaticano en junio de ese mismo año.

Su designación diplomática coincidió con momentos de alta tensión jurídica internacional, derivados de una orden de captura emitida en su contra por una sala de apelaciones de Guatemala por presuntas irregularidades en el marco del caso Odebrecht durante su etapa en la CICIG, una medida frente a la cual la ONU ha recordado de forma vehemente la inmunidad diplomática y judicial de la que gozan los exfuncionarios de dicha comisión internacional.

La incorporación de Velásquez a la campaña de Iván Cepeda busca enviar un mensaje de contundencia institucional hacia los votantes, estructurando una agenda que promete otorgar mayores facultades de investigación y sanción a los organismos judiciales.

Según lo expresado por el propio Cepeda durante un acto público en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la meta es articular un andamiaje técnico capaz de recuperar la ética pública y blindar los recursos fiscales del Estado, un pilar que el Pacto Histórico considera vital para consolidar el respaldo ciudadano de cara a la primera vuelta presidencial.

Como era de esperarse, la designación de Velásquez no ha tardado en provocar reacciones de rechazo en los sectores de la oposición.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó públicamente su inconformidad a través de sus canales oficiales, cuestionando la neutralidad del exmagistrado y acusando a la campaña de Cepeda de intentar estructurar un mecanismo de persecución judicial contra sus contradictores políticos en lugar de un verdadero órgano de control fiscal.

Uribe insistió en que Velásquez mantiene sesgos ideológicos históricos y trajo a colación los cuestionamientos que persiguen al exministro desde Centroamérica, así como supuestas dudas sobre la gestión de infraestructura durante su paso por el Ministerio de Defensa.

A pocos días de que los colombianos acudan a las urnas y en un escenario donde las mediciones de intención de voto mantienen las alarmas encendidas en todos los comandos de campaña, la figura de Iván Velásquez emerge nuevamente en el epicentro del debate electoral.

Su eventual regreso al diseño de políticas públicas en Bogotá, esta vez enfocado de lleno en la persecución de los delitos de cuello blanco y la corrupción administrativa, promete ser uno de los temas más álgidos en el tramo final de la contienda por la Casa de Nariño.