La expansión de la Operación Enjambre colocó bajo investigación formal a quince municipios de Morelos por presuntos vínculos financieros y operativos con múltiples organizaciones de la delincuencia organizada

La estrategia contra la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales de México ha entrado en una nueva fase de despliegue con la ampliación de la denominada Operación Enjambre, la cual mantiene bajo investigación formal a por lo menos quince administraciones municipales adicionales en el estado de Morelos.

Este esfuerzo institucional, fundamentado en carpetas de investigación iniciadas desde el año 2025 tras la detección de reuniones clandestinas entre líderes delictivos locales y servidores públicos en la región oriente de la entidad, busca desarticular los nexos operativos entre alcaldes, cuerpos policiales de proximidad y las diversas células criminales que se disputan el control territorial del centro y sur del país.

Tras las recientes detenciones ejecutadas por las fuerzas federales y militares en demarcaciones como Cuautla y Yecapixtla, el espectro de las auditorías e intervenciones ministeriales se ha extendido hacia los ayuntamientos de Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Jonacatepec, Ayala, Axochiapan, Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Amacuzac, Tetecala, Huitzilac, Jiutepec y Emiliano Zapata, donde se indaga la coexistencia de redes de extorsión, desvío de recursos públicos y facilitación de operaciones para agrupaciones como el Cartel del Pacífico, la Unión de Tepito, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, Los Linos, la Federación Morelense y la Familia Michoacana.

La reacción de los mandatarios locales frente a las incursiones y al despliegue de la Guardia Nacional ha sido diversa, registrándose intentos de protección judicial como el promovido por el alcalde de Jonacatepec, Israel Andrade, quien solicitó un juicio de amparo para frenar una posible orden de aprehensión luego de que elementos policiales ingresaran a la sede del ayuntamiento, recurso que no fue concedido por la autoridad judicial competente.

Esta demarcación ya había recibido advertencias oficiales por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado debido al desmantelamiento previo de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y al decomiso de armamento de alto poder en propiedades rurales de la localidad.

Por otro lado, alcaldes como César Dávila Díaz, de Huitzilac, han manifestado públicamente su disposición a colaborar con las fuerzas federales para desmarcarse de las acusaciones, mientras que ediles como Santos Tito García, de Emiliano Zapata, han optado por evitar declaraciones públicas ante los cuestionamientos sobre la seguridad interna.

Asimismo, persisten señalamientos graves sobre funcionarios en funciones, como ocurre en Zacatepec, donde colaboradores cercanos al alcalde José Luis Maya fueron interceptados previamente en posesión de cargamentos de marihuana a bordo de vehículos particulares de gama alta, y en Tlaquiltenango, donde el actual presidente municipal, Enrique Alonso Placencia, ejerce el cargo tras haber enfrentado dos detenciones previas en los años 2018 y 2022 por acusaciones de homicidio y portación ilegal de armas de fuego, procesos de los cuales fue absuelto por jueces locales antes de ganar las elecciones del año 2024.

Mientras el despliegue operativo en Morelos genera una reducción estadística en los índices de homicidios dolosos según reportes de la Secretaría de Gobierno estatal, el ámbito de la política exterior mexicana experimenta un incremento notable en las tensiones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos.

Durante un acto masivo celebrado en el Monumento a la Revolución con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente los señalamientos de las agencias de seguridad estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios estatales acusados de colaborar con la facción de Los Chapitos.

La mandataria calificó las acusaciones sin órdenes de aprehensión formales como un intento de interferencia extranjera en las decisiones soberanas del Estado mexicano, advirtiendo que la cooperación bilateral no debe transformarse en un mecanismo de injerencia política.

Esta postura generó una respuesta pública del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien instó a mantener el combate contra los carteles transnacionales fuera del debate político para no profundizar las diferencias bilaterales, lo que motivó una posterior réplica de la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina, exhortando al cuerpo diplomático norteamericano a respetar los asuntos políticos internos de la nación y llamando a los legisladores del partido oficial a defender sus convicciones soberanas sin temor a la revocación de visados extranjeros.

En el plano estrictamente operativo y de combate en campo, las fuerzas de seguridad mexicanas concretaron el pasado 1 de junio en Mazatlán, Sinaloa, la captura de Gabriel Nicolás, conocido bajo el alias de “El Gabito” o “El 80”, un operador de alto rango adscrito a la estructura de seguridad de Los Chapitos en la zona sur de dicha entidad.

El detenido era considerado un objetivo prioritario tras el homicidio de Óscar Noé Medina, alias “El Panu”, ocurrido en diciembre del año anterior en la Ciudad de México, posición que colocaba a Gabriel Nicolás en la línea directa de sucesión para coordinar los liderazgos regionales de protección de la organización criminal.

En contraparte, en el terreno judicial, la defensa de Isaí “N”, identificado por las autoridades federales como sobrino de Joaquín Guzmán Loera y operador financiero en Sonora, obtuvo una suspensión provisional por parte de un juzgado federal que frena temporalmente su proceso de extradición inmediata hacia los Estados Unidos tras su captura el 26 de mayo en Nogales, postergando la resolución definitiva sobre su entrega a las cortes estadounidenses hasta la celebración de una audiencia constitucional programada para el próximo 10 de julio.

Finalmente, la cooperación técnica en la zona fronteriza dio como resultado el hallazgo de un túnel transnacional de alta infraestructura logística que interconectaba la colonia Nueva Tijuana, en territorio mexicano, con una bodega comercial en el área de Otay Mesa, en San Diego, California.

El pasadizo subterráneo contaba con sistemas avanzados de ventilación, suministro eléctrico, iluminación y un mecanismo de rieles motorizados con compuertas electrónicas destinado al traslado a gran escala de cargamentos ilícitos.

A pesar de la coordinación binacional que permitió el aseguramiento del pasaje y el decomiso de una tonelada de cocaína en el lado estadounidense junto con la detención de cuatro presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, los informes oficiales de ambos gobiernos reflejaron discrepancias significativas respecto a las dimensiones de la obra de ingeniería; mientras las autoridades mexicanas reportaron una longitud estimada de 265 metros y una profundidad de 6 metros, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos detalló que la estructura real alcanzaba los 589 metros de largo y una profundidad superior a los 17 metros, evidenciando una dualidad en la relación bilateral donde el discurso político de confrontación coexiste con la ejecución de operativos conjuntos en la frontera.