Un operativo nocturno coordinado por la Secretaría de Seguridad y la Marina concluye con tres detenciones en Iztapalapa y desvela una agenda de contabilidad con presuntos vínculos políticos.

Las autoridades de la capital mexicana han asestado un golpe estratégico a la estructura operativa de «Los Tanzanios», una de las organizaciones criminales de arraigo local más veteranas de la metrópoli.

Un despliegue conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional se saldó con la detención de tres presuntos integrantes de la célula en la alcaldía de Iztapalapa, la demarcación más poblada de la capital.

La intervención, lejos de ser un registro rutinario, ha sacado a la luz una red de extorsión vinculada a la regularización del transporte público informal y agendas con anotaciones en clave que apuntan a una presunta infiltración en esferas políticas locales.

El operativo comenzó formalmente a las 00:14 horas en el andador Eusebio Guajardo de la colonia San Miguel.

La incursión táctica estuvo precedida por el sobrevuelo de un vehículo aéreo no tripulado provisto de cámaras de espectro térmico, el cual monitorizó durante 42 minutos las firmas de calor en el interior del inmueble objetivo para asegurar la presencia de los sospechosos y minimizar los riesgos de un enfrentamiento armado.

Una vez establecido el cerco perimetral por parte de los elementos de la Guardia Nacional y de la Marina, las unidades de asalto de la SSC procedieron a la apertura forzada de la propiedad.

En el interior fueron asegurados José Antonio «N» (alias «El Popeye», de 44 años y con seis ingresos previos en el sistema penitenciario), Donovan Antoine «N» (de 20 años) y Fabiola «N» (de 40 años), señalados por la inteligencia policial como los responsables de la logística, el almacenamiento y la distribución de narcóticos en la zona oriental de la ciudad.

En el registro del inmueble, los peritos forenses incautaron una pistola corta de calibre .40 con un cargador abastecido, 34 cartuchos útiles y decenas de dosis de marihuana fraccionadas para el comercio al menudeo, además de varios paquetes de la misma sustancia a granel.

Sin embargo, las evidencias de mayor peso para la investigación penal se localizaron en un compartimento oculto del mobiliario administrativo.

Entre los efectos intervenidos destaca una libreta contable manuscrita con registros de cuotas económicas exigidas a operadores de transportes informales, tales como mototaxis y redes de microbuses, un sector tradicionalmente presionado por este grupo delictivo para el blanqueo de capitales y la financiación operativa.

Junto a los libros financieros se hallaron credenciales de identidad de ciudadanos ajenos al predio y documentación con membrete oficial referente a proyectos de regularización de transportes, lo que confirma las sospechas de la Fiscalía sobre la estrategia de la organización para instrumentalizar la estructura administrativa en beneficio propio.

«Seguimos con el combate frontal a los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos delictivos que dañan a la ciudadanía», declaró Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC capitalina, al confirmar el éxito de la acción conjunta.

Este procedimiento penal se enmarca en una ofensiva institucional más amplia que acumula nueve detenciones en las últimas dos semanas, tras un operativo similar ejecutado el pasado 19 de mayo en la colonia Agrícola Oriental de la alcaldía Iztacalco.

Los análisis de seguridad señalan que la estrategia de las fuerzas del orden busca desmantelar de manera progresiva las capas operativas y los esquemas de outsourcing criminal que estos grupos locales han desarrollado en demarcaciones como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado el análisis forense digital de los dispositivos de comunicación telefónica interceptados durante las pesquisas preliminares, con el objetivo de descifrar las iniciales plasmadas en los libros de control y deslindar responsabilidades legales respecto a la presunta red de vínculos institucionales que protegía la operación comercial de la célula en la zona oriente de la capital.