La congresista Mafe Carrascal interpuso un derecho de petición para verificar la cobertura de los avances del metro de Bogotá y cuestionar posibles convenios entre medios y la administración distrital

Bogotá — La congresista colombiana María Fernanda “Mafe” Carrascal, representante del Pacto Histórico, confirmó que un fallo judicial de segunda instancia la favoreció nuevamente en su disputa con el periodista Juan Diego Alvira y varios medios de comunicación, obligándolos a corregir afirmaciones que calificó de imprecisas y perjudiciales para su honra.

La controversia se originó tras un derecho de petición enviado por Carrascal a la Alcaldía de Bogotá para conocer si existían acuerdos o convenios entre medios y la administración distrital sobre la cobertura de las obras del metro de la capital, un gesto que algunos comunicadores interpretaron como una posible amenaza a la libertad de prensa.

La congresista comenzó explicando su decisión ante los ataques mediáticos: “No presenté esta tutela para silenciar a nadie. Lo hice porque no estoy dispuesta a quedarme callada, no nuevamente, cuando se miente sobre mí en los medios de comunicación”.

A raíz de esa solicitud de información, distintas emisoras y presentadores, incluyendo al comunicador Juan Diego Alvira y otros en La W Radio y Caracol Radio, emitieron comentarios opinativos que, según Carrascal, distorsionaban los hechos y la hacían parecer como si estuviera intentando censurar a la prensa.

En la decisión de segunda instancia, la justicia reafirmó que los periodistas y medios deben rectificar públicamente las afirmaciones emitidas, bajo criterios de veracidad y alcance similar al de las publicaciones originales.

Carrascal enfatizó que en una rectificación anterior las emisoras solo hicieron un ajuste mínimo, publicado en horarios y plataformas de bajo impacto, lo que no cumplió con los lineamientos judiciales:

“Se pretendió dar cumplimiento al primer fallo, pero persistió en sus acusaciones sin sustento, impidiendo que mi buen nombre se restableciera de forma adecuada”.

El fallo obliga a que Caracol Radio, W Radio, Caracol S.A.

y el Grupo Prisa, además de los periodistas directamente involucrados, reconozcan en espacios públicos que no existió trino, declaración o evidencia escrita que atribuyera a Carrascal acusaciones de censura de la prensa o intención de silenciar la cobertura informativa del metro de Bogotá.

La sentencia judicial subraya que las declaraciones difundidas fueron opiniones y no hechos comprobados, y que su difusión sin contexto ni evidencia generó confusión entre la audiencia.

Para Carrascal, este resultado judicial no solo repara su reputación individual, sino que también envía un mensaje claro sobre el papel de los medios en la sociedad: periodistas y emisoras deben acompañar sus opiniones con hechos verificables que permitan a la ciudadanía formarse juicios con base sólida, especialmente en temas de interés público.

La congresista recalcó que su derecho de petición jamás pretendió coartar la libertad de expresión, sino ejercer un derecho constitucional para garantizar que la comunicación sobre asuntos públicos sea transparente y clara.

Durante el conflicto, Carrascal explicó que su solicitud se generó por la percepción de una parcialidad en algunos cubrimientos mediáticos del metro, señalando que algunos periodistas aparecían en fotografías muy cercanas al alcalde de Bogotá o exaltando continuamente el avance de las obras sin contextualizar adecuadamente las cifras oficiales ni los mecanismos de transparencia.

“Hice este derecho de petición porque me llamó la atención el estilo de algunas publicaciones”, señaló, puntualizando que nunca ni en su documento ni en su intención estaba atacar a los medios directamente.

El fallo judicial también ordena que la rectificación se realice con la misma visibilidad y alcance que tuvieron las afirmaciones originales, lo cual implica emisión en espacios radiales, televisivos y redes sociales con audiencia significativa, de modo que la corrección llegue al mismo público que recibió inicialmente la versión cuestionada.

Según Carrascal, este componente del fallo es clave para garantizar justicia comunicativa y equidad en el debate público.

Pese a que la decisión aún puede ser objeto de impugnación por parte de los medios o periodistas afectados, hasta el momento no se ha notificado de posteriores recursos judiciales en contra de la segunda sentencia, lo cual mantiene vigente el mandato de rectificación.

Carrascal insistió en que un ejercicio de prensa responsable y riguroso es esencial para la consolidación democrática: “Una prensa libre es una prensa responsable”, afirmó, destacando que la rectificación ordenada constituye un precedente relevante para el equilibrio entre libertad de expresión y derecho a la información veraz en Colombia.

Este caso político-mediático ha generado conversación en medios y redes sociales sobre los límites entre la opinión periodística y la información factual, y sobre las obligaciones éticas de los comunicadores al abordar temas sensibles, especialmente cuando involucran a figuras públicas y procesos administrativos de gran interés ciudadano.