Un operativo conjunto entre la Policía Estatal y la Marina en la ciudad de Colima culminó con la neutralización de un líder delictivo conocido como “El Huesos”, un objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación que fue interceptado tras una denuncia ciudadana

El recrudecimiento de la violencia y las intensas disputas territoriales entre diversas organizaciones criminales en territorio mexicano han obligado a las fuerzas federales y estatales a desplegar tácticas de reacción inmediata sumamente agresivas.

En las últimas horas, la capital del estado de Colima se convirtió en el escenario de un enfrentamiento armado de alto impacto que culminó con la neutralización de un objetivo prioritario para las instituciones de seguridad nacional.

De acuerdo con informes minuciosos proporcionados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, un contingente integrado por elementos de la Policía Estatal y efectivos de la Infantería de Marina de la Armada de México interceptó a un grupo de civiles fuertemente armados en las inmediaciones de un motel local, tras recibir una denuncia ciudadana anónima que alertaba sobre la incursión sospechosa de personas con equipamiento táctico.

El tiempo de respuesta de las corporaciones fue menor a los dos minutos desde el reporte inicial, logrando sorprender a las células delictivas en el sitio.

Sin embargo, al percatarse del cerco perimetral ejecutado por los uniformados, los presuntos sicarios abrieron fuego de manera indiscriminada contra las patrullas y el personal de infantería para asegurar una ruta de escape.

El ataque inicial facilitó que los delincuentes abordaran de forma apresurada dos vehículos particulares para emprender la huida en direcciones completamente opuestas.

Esta maniobra evasiva fue planificada con el objetivo explícito de fragmentar la capacidad de persecución de las autoridades y provocar una distracción táctica en el terreno de operaciones.

Debido a la premura y a la peligrosidad de la situación, las unidades navales y estatales concentraron sus esfuerzos en dar seguimiento a solo uno de los automóviles en fuga, desatándose una intensa persecución civil y militar con intercambio de disparos por las vialidades colimenses.

La persecución concluyó abruptamente cuando el vehículo de los sospechosos perdió el control y se impactó contra la infraestructura vial.

Al quedar varados, dos hombres descendieron de la unidad siniestrada portando armas largas y abrieron fuego nuevamente en un intento desesperado por repeler el avance de los marinos.

Durante esta segunda agresión, uno de los atacantes utilizó una ametralladora de alta capacidad destructiva, identificada posteriormente como una FN Minimi, un arma de apoyo capaz de efectuar entre 800 y 1000 detonaciones por minuto, considerada de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

No obstante, las autoridades precisaron que el complejo manejo de este armamento provocó que se trabara tras liberar una primera ráfaga, lo que permitió a las fuerzas del orden repeler eficazmente la agresión con superioridad táctica, abatiendo a los dos agresores en el lugar.

Las investigaciones posteriores e informes de inteligencia criminal confirmaron que uno de los civiles neutralizados correspondía al líder delictivo conocido bajo el alias de “El Huesos”, considerado un objetivo prioritario debido a su rol central en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los trabajos de campo y el monitoreo de comunicaciones previas revelaron que este individuo poseía un estatus tan relevante dentro de la organización que su presencia y mando eran obligatorios en cualquier cónclave o reunión especial de la cúpula de dicho cártel en la región limítrofe entre los estados de Jalisco y Colima, siendo calificado como uno de los generadores de violencia más letales de los últimos meses.

El secretario de seguridad estatal puntualizó que en el evento participaron al menos seis presuntos sicarios, de los cuales dos cayeron abatidos en el tiroteo mientras que los otros cuatro lograron evadir el cerco a bordo del segundo vehículo, el cual fue localizado horas más tarde en calidad de abandono en una colonia contigua.

Las autoridades justificaron la inusual difusión de los pormenores y grabaciones de este operativo como una muestra de la capacidad de respuesta y la contundencia con la que operará la nueva estrategia de seguridad en el estado, enviando un mensaje directo de que no se vacilará en el uso legítimo de la fuerza letal cuando la seguridad pública se encuentre bajo una amenaza inminente.

Este severo golpe a las células delictivas en Colima coincide cronológicamente con la ejecución de la denominada Operación Goya, otro despliegue coordinado entre la Secretaría de Marina y corporaciones locales que derivó, apenas un día antes, en la detención de José Luis, alias “Billy Boy”.

Este sujeto era identificado formalmente por las autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz como el jefe de sicarios y principal operador armado de los Mezcales, una facción delictiva local que surgió tras una violenta escisión interna del Cártel Jalisco Nueva Generación y que mantiene una cruenta disputa territorial en la periferia del puerto de Manzanillo desde el año 2022.

El imputado contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio doloso calificado y estaba catalogado como un perfil de extrema peligrosidad encargado del reclutamiento de nuevos combatientes y de la ejecución de ataques armados en contra de agrupaciones rivales e integrantes de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Paralelamente, la presión operativa se ha intensificado notablemente en el norte de la República, específicamente en el estado de Sinaloa, donde permanecen desplegados más de 13,000 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con la misión de restablecer el orden, desmantelar laboratorios clandestinos de procesamiento de narcóticos y detener a objetivos de alta relevancia del Cártel de Sinaloa.

Esta ofensiva federal responde directamente al incremento de las hostilidades y ejecuciones viales desatadas a partir de la fractura interna ocurrida en el año 2024 entre las facciones lideradas por los Chapitos y los Mayos.

En este contexto de militarización territorial, se documentó un fuerte enfrentamiento en el fraccionamiento Villa del Cedro, al norte de la ciudad de Culiacán, donde elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (Gopes) acudieron a verificar un inmueble tras recibir reportes sobre la presencia de personas armadas, siendo recibidos con ráfagas de armas automáticas.

Con el apoyo inmediato de unidades del Ejército, las fuerzas estatales repelieron la agresión y capturaron a tres de los atacantes, quienes resultaron lesionados durante el tiroteo, mientras que dos policías estatales sufrieron heridas menores por esquirlas.

En las inspecciones al inmueble se aseguraron tres fusiles de asalto, chalecos tácticos y vehículos.

Operativos subsecuentes en las colonias Valle Alto và Infonavit Barrancos arrojaron la detención de otras siete personas con un arsenal de armas largas, cargadores y aditamentos lanzagranadas, sumado al aseguramiento en la zona rural de Mazatlán de nueve vehículos vinculados a actividades criminales, la mayoría con reportes de robo vigentes y blindaje artesanal.

No obstante, el impacto de la lucha contra las estructuras del narcotráfico ha trascendido el ámbito operativo y militar para golpear de forma directa el entorno político de Sinaloa, evidenciando el avance de procesos judiciales internacionales.

En las últimas horas, se confirmó de manera oficial la entrega voluntaria ante la justicia de los Estados Unidos de dos exfuncionarios de primer nivel del gabinete del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quienes se encontraban dentro de una lista de diez políticos sinaloenses denunciados por agencias de seguridad estadounidenses por presuntas operaciones de protección y colaboración a favor de la facción de los Chapitos.

El primero en entregarse fue el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñaba como secretario de seguridad pública del estado de Sinaloa durante el periodo crítico en que se registró la captura y posterior traslado aéreo de Ismael “El Mayo” Zambada hacia territorio norteamericano.

Mérida Sánchez cruzó de forma voluntaria la frontera por la garita de Nogales y quedó formalmente bajo la custodia del Departamento de Justicia para enfrentar cargos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para la importación ilegal de narcóticos y posesión de armamento restringido.

Asimismo, el extitular de la Secretaría de Finanzas de la entidad, Enrique Díaz, considerado uno de los hombres más cercanos al mandatario con licencia y quien abandonó su cargo público en septiembre de 2024, se entregó bajo términos similares ante las autoridades estadounidenses, enfrentando acusaciones graves que conllevan una pena mínima de 40 años de prisión y la posibilidad de una condena de cadena perpetua.

Ante estos sucesos, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano procedió al congelamiento total de las cuentas bancarias de los diez funcionarios señalados, incluido el propio gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de un clima de absoluto hermetismo y tensas negociaciones internacionales.