El presidente Gustavo Petro desmintió que existiera un contrato de 23.000 millones de pesos exclusivamente para un maquillador y un fotógrafo, y aseguró que la cifra corresponde a un acuerdo integral de producción audiovisual de RTVC para la Presidencia.

En medio de un ambiente preelectoral cada vez más tenso, el presidente de la República, Gustavo Petro, salió al paso de una controversia generada tras la publicación de un informe de la revista Revista Semana en el que se hablaba de contratos por cerca de 23.000 millones de pesos que incluirían servicios de maquillaje y fotografía vinculados a la Presidencia.

La publicación provocó una inmediata reacción en sectores de la oposición, entre ellos la senadora Paloma Valencia y la periodista Vicky Dávila, quienes cuestionaron públicamente el presunto gasto.

“23.000 millones para maquillar y fotografiar a la primera dama mientras regiones como Córdoba, Montería y Urabá claman ayuda.

Luego dicen que no alcanza y quieren más impuestos”, escribió Valencia en redes sociales, avivando la polémica.

Sin embargo, desde el Gobierno se aseguró que la información fue presentada de manera engañosa.

El gerente de RTVC, Hollman Morris, afirmó que la cifra corresponde a la contratación global de servicios de producción audiovisual y logística para la Presidencia, no al pago exclusivo de un maquillador y un fotógrafo.

“RTVC no confirmó nada en los términos en que fue publicado.

Se trata de contratos integrales de producción que incluyen equipos técnicos, transmisiones, logística y personal especializado”, explicó.

Según detalló la Presidencia en un comunicado, los 23.000 millones mencionados corresponden a un contrato suscrito con la cooperativa SAVI para la producción audiovisual de la Casa de Nariño entre 2023 y 2025.

Estos servicios abarcan transmisiones oficiales, cobertura de eventos presidenciales en distintas regiones del país y la infraestructura técnica necesaria para garantizar señal incluso en zonas apartadas donde no hay conectividad estable.

“El oficio del periodismo debe respetar el principio constitucional de difundir información veraz e imparcial”, expresó Morris, quien aseguró haber solicitado formalmente a *Semana* la rectificación del titular inicial.

En efecto, el medio modificó posteriormente el encabezado para precisar que los contratos “incluyen” servicios de maquillaje y fotografía, aunque la controversia ya se había instalado en la opinión pública.

Desde la Casa de Nariño se insistió en que no existe un contrato individual por 23.

000 millones de pesos para dos personas.

En el comunicado oficial se especificó que el director audiovisual Mauricio Vélez tiene una asignación mensual cercana a 25 millones de pesos, mientras que el maquillador Fad Flores recibe alrededor de 10 millones mensuales, cifras que corresponden a contratos de prestación de servicios habituales en el sector público.

El presidente Petro, por su parte, calificó la versión inicial como falsa y aseguró que se trató de una “lectura amañada y engañosa” del derecho de petición respondido por RTVC.

“¿En serio alguien puede creer que 23.000 millones son para un fotógrafo y un maquillador?”, cuestionó el mandatario, subrayando que la cifra global cubre la producción completa de contenidos institucionales.

El debate se da en un contexto político marcado por la confrontación entre el Ejecutivo y sectores del uribismo, corriente asociada al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Desde el Gobierno se recordó que la cooperativa encargada de los servicios audiovisuales viene trabajando con la Presidencia desde 2006, es decir, desde administraciones anteriores, lo que —según el Ejecutivo— demuestra que no se trata de una práctica nueva ni excepcional.

La controversia también se produce en paralelo a otras discusiones institucionales, como la decisión del Consejo de Estado de tumbar una multa relacionada con el caso Odebrecht, asunto que ha reavivado el debate sobre la lucha contra la corrupción en el país.

Mientras tanto, figuras de la oposición han mantenido sus cuestionamientos, señalando que, más allá de la precisión contractual, el monto global resulta elevado en un país con profundas necesidades sociales.

Desde el oficialismo, en cambio, se insiste en que la producción audiovisual presidencial requiere equipos técnicos de alta capacidad, especialmente cuando se realizan alocuciones desde territorios apartados donde incluso se interrumpe la señal celular por razones de seguridad.

El choque evidencia la creciente tensión entre el Gobierno y parte de la prensa nacional.

Para el Ejecutivo, el caso demuestra la necesidad de contrastar información antes de su publicación.

Para sus críticos, el episodio refleja la importancia de vigilar el uso de los recursos públicos.

En cualquier caso, la polémica confirma que la batalla política también se libra en el terreno de la narrativa y la comunicación.

Y en un año preelectoral, cada cifra y cada titular se convierten en munición dentro de un debate que, lejos de atenuarse, parece intensificarse.