Gustavo Petro explicó el procedimiento para impugnar mesas de votación y llamó a más de un millón de testigos electorales a vigilar los resultados comparando los formularios E14 con los datos publicados por la Registraduría

En medio del ambiente previo a la jornada electoral en Colombia, el presidente Gustavo Petro explicó públicamente el procedimiento para impugnar mesas de votación en caso de irregularidades, al tiempo que el Ministerio de Justicia presentó un balance de avances en materia de extradiciones, control en cárceles y reconocimiento a las llamadas madres buscadoras.

El mandatario difundió sus explicaciones a través de su cuenta en la red social X, luego de que surgieran dudas entre testigos electorales y ciudadanos sobre los mecanismos disponibles para denunciar inconsistencias en el conteo de votos.

Según Petro, el papel de los testigos será fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral.

“Si un millón de testigos se han inscrito, hemos desatado un enorme movimiento ciudadano para cuidar el voto.

Solo el pueblo cuida el voto”, afirmó el presidente al referirse al alto número de ciudadanos acreditados para vigilar las mesas durante la jornada.

De acuerdo con los datos difundidos por organizaciones de observación electoral, más de un millón de testigos de diferentes partidos políticos estarán presentes en cerca de 123.000 mesas de votación en todo el país.

Además, el proceso contará con cientos de observadores nacionales e internacionales desplegados en los 32 departamentos y en más de un centenar de municipios.

Petro detalló que la clave para detectar irregularidades está en la comparación entre los resultados consignados en el formulario E14 —documento oficial donde se registran los votos de cada mesa— y los datos publicados posteriormente en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El jefe de Estado explicó el procedimiento con claridad: los testigos electorales deben anotar el resultado final del conteo en la mesa donde están asignados y luego verificar que esa misma cifra coincida con la información publicada en línea por la autoridad electoral.

“Las fotos digitalizadas de los formularios E14 que debe subir la registraduría deben ser comparadas con el resultado que el testigo vio personalmente y anotó”, señaló Petro.

Si los números no coinciden, el mandatario indicó que el testigo puede solicitar de inmediato la impugnación de la mesa ante los jurados de votación.

Según explicó, en ese caso los jurados tienen la obligación de registrar la impugnación incluso si la solicitud proviene de un solo testigo electoral.

“Dejar impugnadas las mesas es obligatorio para el jurado, así sea un solo testigo el que lo pida”, sostuvo el presidente.

Una vez impugnada la mesa, el proceso pasa a la etapa de escrutinio oficial, donde un juez y las comisiones escrutadoras pueden ordenar la reapertura del material electoral para realizar un nuevo conteo de los votos y reconstruir el acta con la información correcta.

El mandatario también recordó que la vigilancia entre los formularios y las actas de escrutinio es fundamental para evitar inconsistencias durante el proceso.

“Debe haber vigilancia entre el acta de escrutinio y el formulario de suma de escrutinios”, afirmó.

Mientras el debate electoral continúa, el Ministerio de Justicia presentó un balance de varios resultados alcanzados durante 2026 en materia de seguridad y política judicial.

Uno de los puntos destacados fue el incremento en el número de extradiciones realizadas por el Estado colombiano.

Según cifras oficiales, el país alcanzó un total de 809 extradiciones, lo que representa un aumento respecto a administraciones anteriores.

Entre los casos más notorios se encuentra la extradición del criminal conocido como “Pipe Tuluá”, trasladado a Estados Unidos en el marco de la cooperación judicial internacional contra el crimen organizado.

Las autoridades sostienen que estas acciones forman parte de una estrategia para debilitar estructuras criminales de alto perfil y fortalecer la colaboración con sistemas judiciales de otros países.

El Ministerio de Justicia también reportó importantes operativos dentro del sistema penitenciario colombiano.

En intervenciones realizadas en 124 centros carcelarios, las autoridades incautaron más de 1.300 teléfonos celulares, cerca de 1.

700 tarjetas SIM, 427 kilogramos de estupefacientes, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y cerca de 480 armas blancas de fabricación artesanal.

Durante estas operaciones también se implementaron medidas para bloquear señales de telecomunicaciones dentro de las cárceles, con el objetivo de impedir que desde los centros de reclusión se sigan coordinando actividades delictivas como extorsiones o estafas telefónicas.

Según el Ministerio, durante años no se habían realizado intervenciones técnicas de gran escala en la infraestructura de telecomunicaciones de los establecimientos penitenciarios, lo que permitía la operación de redes ilegales de comunicación desde el interior de las prisiones.

Otro de los avances mencionados por el Gobierno se relaciona con la expedición del Decreto 063 de 2026, que establece medidas integrales de apoyo para las llamadas madres buscadoras, mujeres que durante décadas han buscado a familiares desaparecidos en el contexto del conflicto armado.

El decreto reconoce oficialmente a estas mujeres como actoras fundamentales en la construcción de memoria, verdad y procesos de no repetición.

La norma contempla medidas de acceso a la justicia, protección frente a violencias, atención en salud, educación, vivienda y programas de autonomía económica.

De acuerdo con las autoridades, más de 300.000 mujeres podrían beneficiarse de estas disposiciones, que buscan brindar respaldo institucional a quienes durante años realizaron búsquedas sin apoyo del Estado.

Con estas iniciativas, el Gobierno busca fortalecer tanto la vigilancia ciudadana en los procesos democráticos como las políticas de justicia, seguridad y reparación para sectores históricamente afectados por la violencia en el país.