La permanencia operativa de la empresa ASD en simulacros y pruebas técnicas, pese a su renuncia formal al contrato electoral, desató una fuerte controversia sobre la transparencia de las elecciones legislativas de 2026 en Colombia

La controversia por la transparencia de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026 ha escalado en Colombia tras nuevas revelaciones sobre la empresa ASD, encargada históricamente del software de preconteo electoral.

Aunque formalmente anunció su renuncia al contrato dentro de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, documentos y testimonios conocidos en los últimos días indican que la compañía habría continuado participando en actividades operativas clave, incluidos simulacros y pruebas técnicas.

La polémica se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara públicamente la existencia de un “posible fraude técnico” en el sistema electoral.

En una alocución reciente, el mandatario afirmó que el software de preconteo “ya fue vulnerado en 2014, en 2018 y en 2022”, y sostuvo que existen diferencias entre actas físicas y resultados digitalizados.

Durante esa intervención presentó el testimonio de una excontratista de ASD, quien declaró ante cámaras que en comicios anteriores “recibió llamadas con resultados antes del cierre oficial de las urnas”.

Días antes de esa denuncia presidencial, el 20 de enero, la Unión Temporal que ganó el contrato para la logística electoral solicitó a la Registraduría permitir la cesión de la participación de ASD.

La empresa justificó su decisión en los “cuestionamientos públicos” derivados de señalamientos en Honduras sobre presuntas irregularidades en las elecciones de 2025.

En el documento contractual, ASD argumentó que su retiro buscaba “garantizar la objetividad y transparencia en el proceso y evitar ataques interesados e infundados”.

Sin embargo, la aceptación formal de esa salida por parte de la Registraduría se produjo el 13 de febrero, casi un mes después, y no fue anunciada públicamente en ese momento.

El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, explicó que no existía obligación de divulgarlo porque el trámite constaba en el sistema de contratación pública SECOP.

“No existía obligación”, señaló al ser consultado sobre la ausencia de un comunicado oficial.

El debate se reavivó cuando salieron a la luz evidencias que indicarían que, pese a la renuncia contractual, ASD habría continuado coordinando capacitaciones, firmando contratos de prestación de servicios y realizando pruebas del software de escrutinio que se utilizará en los comicios.

Dos contratistas manifestaron haber participado en simulacros posteriores a la fecha en que quedó en firme la cesión.

Según uno de ellos, en una prueba realizada el 24 de febrero “prohibieron ingresar con teléfonos celulares y tomar fotografías”.

De acuerdo con los testimonios, el procedimiento operativo incluye la digitalización de formatos de recepción telefónica, su escaneo y posterior procesamiento mediante un sistema de reconocimiento inteligente.

“Cuando ya están listos los formatos, los recogen, se escanean y se suben a una base de datos; luego pasan a verificación en el sistema”, explicó una de las fuentes.

Otro elemento que ha generado controversia es una cláusula contractual que obligaría a los contratistas a informar de manera reservada a sus superiores cualquier irregularidad detectada durante el proceso.

Juristas consultados en el debate público han advertido que una cláusula de confidencialidad que impida denunciar un posible delito sería ilegal e inaplicable en el marco de un contrato civil.

En el centro de la discusión también se encuentra el registrador nacional, Hernán Penagos, elegido en 2023 por las altas cortes.

Sectores políticos han cuestionado su trayectoria y antiguos vínculos partidistas.

Penagos fue representante a la Cámara por el Partido de la U y posteriormente magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral.

En su paso por el CNE participó en decisiones sobre investigaciones relacionadas con campañas presidenciales anteriores, procesos que en su momento fueron archivados por distintas razones jurídicas.

Frente a los cuestionamientos actuales, la Registraduría ha defendido la legalidad de sus actuaciones y sostiene que la organización electoral cuenta con mecanismos institucionales de control.

Desde el entorno presidencial, en cambio, se insiste en la necesidad de máxima transparencia.

“Dicen que el sistema electoral colombiano es neutral y árbitro de las elecciones”, expresó Petro, al tiempo que reiteró sus advertencias sobre posibles vulnerabilidades técnicas.

La permanencia operativa de ASD, pese a su renuncia formal, ha abierto un debate político de gran envergadura.

Mientras algunos medios dieron por hecho que la empresa ya no tendría participación alguna, las nuevas evidencias apuntan a una continuidad funcional que podría resultar determinante en la logística electoral.

Con menos de dos semanas para los comicios, la controversia coloca bajo escrutinio público el sistema de preconteo y la cadena de custodia tecnológica.

El Gobierno ha pedido garantías plenas, y distintos sectores han llamado a reforzar la vigilancia institucional para preservar la confianza ciudadana.

En un país donde la legitimidad de los resultados es fundamental para la estabilidad democrática, la discusión trasciende lo contractual y se instala en el terreno político.

La transparencia del proceso electoral vuelve a situarse en el centro del debate nacional, en medio de un clima de polarización que exige respuestas claras y verificables por parte de las autoridades.