El Pacto Histórico recusó al magistrado Álvaro Hernán Prada ante el Consejo Nacional Electoral por presunto conflicto de interés en la investigación que podría afectar su lista al Senado.

El clima político colombiano atraviesa un nuevo episodio de alta tensión tras la recusación presentada por el Pacto Histórico contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, en medio de una investigación que podría derivar en la eventual revocatoria de la lista al Senado de esa colectividad.

La controversia se suma a las alertas formuladas por el movimiento oficialista sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral de cara a las próximas elecciones legislativas.

La colectividad anunció formalmente la recusación luego de ser notificada de un auto mediante el cual el magistrado Prada asumió competencia para practicar pruebas dentro de una actuación relacionada con la solicitud de revocatoria de su lista al Senado.

El exmagistrado Luis Guillermo Pérez Casas explicó públicamente la decisión del movimiento:

“Acabamos de ser notificados de un auto en el que asume competencia para practicar pruebas y adelantar una investigación que conduciría eventualmente a revocar la lista al Senado del Pacto Histórico. Es claro que tiene un interés directo”.

Según Pérez Casas, la colectividad considera que Prada debía declararse impedido.

“Presentaremos recusación contra el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, al dictar un auto y ordenar pruebas sobre solicitud de revocatoria de la lista al Senado del Pacto Histórico”, afirmó.

Añadió que, a su juicio, existe una “enemistad manifiesta” contra esa fuerza política, lo que justificaría su apartamiento del proceso.

El magistrado Prada milita en el partido Centro Democrático, hecho que ha sido señalado por el Pacto Histórico como un posible factor de conflicto de interés.

Desde el Consejo Nacional Electoral no se ha emitido aún una decisión definitiva sobre la recusación, que deberá ser evaluada conforme a los procedimientos establecidos.

En paralelo, el movimiento oficialista ha expresado preocupación por lo que denomina riesgos electorales de cara a los comicios legislativos.

En una rueda de prensa, dirigentes del Pacto Histórico denunciaron posibles irregularidades en la inscripción de testigos electorales y en el manejo de los formularios E14 por parte de jurados de votación.

Uno de sus voceros explicó que, al intentar cargar la información de sus testigos en la plataforma correspondiente, detectaron vulnerabilidades.

“Cuando nuestros ingenieros ingresaron a la plataforma para cargar los testigos del pacto, nos dimos cuenta que cualquier usuario podía extraer los datos de todos los testigos, de todos los partidos políticos”, señaló.

Por esa razón, indicaron que hasta el momento no han cargado información, al considerar que podría comprometer datos sensibles.

El movimiento anunció la creación de una estrategia denominada “Registraduría Popular”, orientada —según sus dirigentes— a garantizar la transparencia electoral antes, durante y después de la jornada.

“Hoy estamos lanzando la Registraduría Popular, que es la iniciativa para garantizar los derechos constitucionales a la transparencia electoral”, afirmaron, al tiempo que anunciaron la conformación de un equipo jurídico y ciudadano para vigilar el proceso en más de 120.000 mesas en todo el país.

El ambiente de confrontación política también se conecta con el desarrollo de otros procesos judiciales de alto perfil.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió investigación contra magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por presuntas irregularidades en la decisión de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El magistrado Juan Carlos Granados solicitó el expediente correspondiente y contará con un plazo que podría extenderse entre seis y doce meses para determinar si formula pliego de cargos disciplinarios.

El abogado de las víctimas, Reinaldo Villalba, explicó que en este momento “no hay absolutamente ningún riesgo de prescripción de la acción disciplinaria”, y añadió que en el trámite de casación ante la Corte Suprema de Justicia tampoco se vislumbra un riesgo inmediato de vencimiento de términos.

Villalba también se refirió a la postura del Ministerio Público en procesos relacionados.

Sobre la diferencia entre la actuación frente a Álvaro Hernán Prada y la adoptada en el caso de Uribe, indicó que el argumento del procurador ha sido que “Álvaro Hernán Prada actuó de manera independiente”, estableciendo una línea divisoria entre las conductas atribuidas a cada uno.

En el caso del abogado Diego Cadena, condenado en primera instancia, el proceso se encuentra en el Tribunal Superior de Bogotá a la espera de decisión en segunda instancia.

Existen además otros expedientes derivados que continúan su curso en distintas etapas procesales.

Así, el escenario político y judicial colombiano se mantiene marcado por decisiones en trámite, recusaciones y anuncios de vigilancia electoral, en un contexto de polarización creciente.

Mientras las autoridades competentes evalúan los recursos presentados y avanzan las investigaciones disciplinarias y penales, los distintos actores políticos intensifican sus posiciones en un debate que combina la disputa electoral con procesos judiciales de gran impacto nacional.