Una filtración sobre el blindaje a Adorni destapa una profunda fractura en el gabinete de Milei
La suspensión de la comparecencia del jefe de ministros en el Senado provoca reproches cruzados en abierto entre Patricia Bullrich y el entorno de la Jefatura de Gabinete.
La crisis política que rodea al jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, ha derivado en un conflicto institucional de primera magnitud tras evidenciarse una falta de coordinación terminal en el seno del Ejecutivo argentino.
La divulgación de una serie de registros periodísticos por parte del analista Pablo Duggan dejó al descubierto las maniobras de la titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, quien gestionó de forma unilateral la suspensión de la sesión informativa prevista para el 2 de julio con el objetivo explícito de evitar que el jefe de ministros se sometiera al escrutinio de la oposición.
La gestión de este blindaje parlamentario provocó una reacción inmediata y descoordinada por parte de Adorni, quien mediante un comunicado en redes sociales contradijo la estrategia de Bullrich afirmando su total disposición a concurrir al Senado, conforme a los preceptos de la Constitución Nacional.
La discrepancia temporal entre ambos anuncios —apenas once minutos de diferencia— ha sido interpretada por los observadores en Buenos Aires como el primer quiebre público y formal entre el sector que lidera Bullrich y el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
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La gravedad de la interna gubernamental se trasladó de inmediato a la Cámara de Diputados, donde la sesión especial orientada a activar los mecanismos de la moción de censura constitucional fracasó nuevamente debido a la falta de quórum.
En este contexto, la diputada nacional Marcela Pagano compareció ante los medios locales para denunciar la existencia de «pactos de impunidad transversales» destinados a proteger la viabilidad política de Adorni a cambio de prebendas económicas a las administraciones provinciales.
Pagano recordó que las sospechas que pesan sobre el jefe de gabinete no se circunscriben a una mera falta de idoneidad política, sino a la admisión pública de irregularidades tributarias sostenidas en el tiempo.
Según la legisladora, resulta incompatible con el ordenamiento republicano que la administración del presupuesto nacional y la reconducción de partidas fiscales estratégicas permanezcan bajo la tutela de un funcionario que ha reconocido pasivos fiscales no declarados durante la última década.
El endurecimiento de las condiciones reglamentarias en el Senado ha sido el último factor de fricción.
En las últimas horas, las directivas parlamentarias alineadas con el Ejecutivo modificaron el criterio de votación, exigiendo una mayoría calificada de dos tercios de los presentes —en lugar de la mayoría absoluta simple— para viabilizar cualquier pedido de interpelación que carezca de dictamen previo de comisión.
«La alteración de las reglas parlamentarias busca dilatar los plazos constitucionales y otorgar oxígeno político a una figura cuya continuidad daña la credibilidad del programa económico», advirtieron fuentes de la oposición dialoguista, quienes anticipan que el bloqueo de los mecanismos de control debilitará la posición del país ante los mercados financieros y los inversores internacionales durante el próximo mes de julio.
