Una sede vinculada a Álvaro Uribe Vélez fue vandalizada en Neiva durante movilizaciones convocadas en respaldo a las políticas del presidente Gustavo Petro.

La tensión política volvió a sentirse en las calles de Colombia tras una jornada de movilizaciones convocadas en respaldo a las recientes decisiones del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo.

En Neiva, capital del Huila, una sede asociada al expresidente Álvaro Uribe Vélez fue objeto de actos vandálicos a pocos metros de la Alcaldía, en hechos que son materia de investigación y que reavivaron la confrontación entre sectores políticos.

De acuerdo con reportes conocidos en la ciudad, un grupo de personas que participaba en la marcha causó daños a la fachada del inmueble.

Un vigilante del lugar relató lo ocurrido: “Esto estaba pasando la marcha. Traté de salvar la valla, la publicidad, la bandera y unos camiones de la izquierda me agredieron físicamente”.

Según su testimonio, los manifestantes no lograron ingresar a la sede porque “gracias a Dios cerramos el portón, la puerta y todo bien”.

Las autoridades locales confirmaron que se presentaron alteraciones del orden público y que una persona resultó lesionada en medio de los incidentes.

Mientras tanto, desde distintos sectores políticos se rechazaron los actos de violencia.

Voceros del uribismo señalaron que lo ocurrido evidencia un clima de polarización que, a su juicio, se ha intensificado en medio del debate por las reformas del Gobierno.

Las movilizaciones se desarrollaron en varias ciudades del país, entre ellas Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali y Pasto, con concentraciones en respaldo al llamado “salario vital”.

El presidente Petro firmó el decreto que mantiene el incremento del 23,7 % del salario mínimo y defendió la medida como una decisión ajustada a la Constitución.

“Es un pacto por la vida. El salario vital para la Colombia vital”, expresó durante su intervención pública, en la que aseguró que el decreto cuenta con el sustento jurídico necesario.

El anuncio generó reacciones inmediatas en la oposición.

El expresidente Uribe manifestó en sus redes sociales que la reforma pensional propuesta por el Ejecutivo implicaría que “el 87 % de nuevos cotizantes los maneje el Estado y solo el 13 % fondos privados”, lo que, en su opinión, sería “un camino de destrucción del ahorro pensional de los trabajadores”.

Agregó que “al adulto mayor hay que pagarle del presupuesto” y pidió combatir la corrupción y el derroche.

En la misma línea crítica se pronunció el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien calificó el aumento como una decisión de carácter político.

“Esta discusión del salario mínimo se ha convertido en una discusión del salario político”, afirmó en una entrevista radial.

Aunque reconoció que la ratificación del incremento era “irreversible”, advirtió que el alza, muy por encima de la inflación proyectada, podría tener efectos en el empleo y en los costos empresariales cuando se conozcan las próximas cifras del mercado laboral.

Desde el Gobierno se ha insistido en que el aumento no solo responde al artículo 53 de la Constitución, que menciona el salario mínimo vital y móvil, sino que busca dinamizar la economía interna y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Petro sostuvo que el ahorro pensional “quedará mayormente en el Banco de la República” y que debería estar “garantizado con reservas de oro”, además de invertirse en vivienda y ferrocarriles como parte de una estrategia de desarrollo productivo.

El debate no se limitó al tema salarial.

En redes sociales circularon múltiples versiones sobre los hechos de Neiva, incluyendo hipótesis sobre posibles infiltraciones en las marchas.

Sin embargo, hasta el momento no existen pronunciamientos oficiales que respalden tales afirmaciones.

Las autoridades se concentran en esclarecer lo sucedido y en identificar a los responsables de los daños.

La jornada también estuvo marcada por un cruce de acusaciones sobre desinformación en medios y redes.

Sectores afines al Gobierno cuestionaron titulares que vinculaban anuncios de despidos masivos a la situación colombiana cuando, según explicaron, correspondían a compañías internacionales.

Desde la oposición se replicó que el Ejecutivo utiliza la movilización social como herramienta política para presionar la aprobación de sus reformas.

En este contexto, el país vive una nueva etapa de alta confrontación ideológica.

Las marchas multitudinarias evidencian respaldo ciudadano a las políticas del Gobierno en varias regiones, mientras que los actos vandálicos en Neiva alimentan la preocupación por el deterioro del debate público.

Tanto el presidente Petro como el expresidente Uribe han reiterado la necesidad de defender sus posturas en el marco institucional.

La investigación sobre los daños a la sede en Neiva continúa y las autoridades han hecho un llamado a la calma.

En medio del pulso político por las reformas sociales y económicas, los hechos de violencia se convierten en un recordatorio de los riesgos que enfrenta la democracia cuando la polarización se traslada de los discursos a las calles.