DE LA ESPRIELLA ORDENA REACTIVAR CINCO EXTRADICIONES Y ANUNCIA EL FIN DE LA POLÍTICA DE ‘PAZ TOTAL’ DE PETRO
DE LA ESPRIELLA ORDENA REACTIVAR CINCO EXTRADICIONES Y ANUNCIA EL FIN DE LA POLÍTICA DE ‘PAZ TOTAL’ DE PETRO
🇨🇴⚖️ El Gobierno de Abelardo de la Espriella acaba de tomar una de sus decisiones más contundentes en materia de seguridad.
Cinco nombres vinculados a antiguos procesos de diálogo con grupos armados vuelven a estar en el centro de la agenda, mientras la Casa de Nariño marca un giro frente a la estrategia de su antecesor.
¿Qué cambia desde ahora?
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles 26 de agosto el desmonte de la política de «paz total» impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro y ordenó hacer efectivas cinco extradiciones a Estados Unidos de integrantes de organizaciones armadas cuyos procesos habían quedado suspendidos mientras participaban en espacios de negociación.
La decisión fue comunicada desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá, durante una intervención en la que el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino.
Con este anuncio, el nuevo Gobierno busca marcar distancia con el modelo de negociación implementado por la administración anterior y sustituirlo por una política centrada en seguridad, legalidad y autoridad estatal.
De la Espriella cuestionó abiertamente los resultados de la estrategia anterior.
«La llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental», afirmó.
El presidente sostuvo además que los mecanismos de diálogo permitieron, en determinados casos, que integrantes de estructuras criminales recibieran beneficios sin que existieran resultados verificables suficientes para justificar la continuidad de esos procesos.
«No una política que termine convirtiendo el diálogo en un mecanismo de impunidad», señaló el jefe de Estado al explicar el nuevo enfoque de su administración.
Entre las decisiones anunciadas está la extradición a Estados Unidos de Willington Henao Gutiérrez, alias ‘El Mocho Olmedo’ o ‘El Negro’; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’; y Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’.
Los tres se encuentran bajo custodia de las autoridades colombianas y sus entregas a Estados Unidos habían sido autorizadas previamente, pero permanecían suspendidas debido a su participación en procesos de diálogo durante el Gobierno Petro.
Henao Gutiérrez está vinculado al Frente 33 de las disidencias de las FARC y forma parte de la estructura conocida como Estado Mayor de Bloques y Frentes.
Carmen Evelio Castillo está relacionado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras que Geovany Andrés Rojas pertenece a los Comandos de Frontera.
La medida también alcanza a dos hombres que actualmente se encuentran prófugos: Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, y Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’.
El Gobierno ordenó avanzar en sus capturas para posteriormente hacer efectiva su extradición a Estados Unidos.
Por tanto, en estos dos casos no existe una entrega inmediata: primero deben ser localizados y detenidos.
Los cinco son requeridos por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico y otras conductas criminales.
Las solicitudes de extradición habían sido aprobadas durante 2025, pero su ejecución fue aplazada mientras los señalados participaban como representantes o negociadores en distintos espacios de la política de paz del Gobierno anterior.
El presidente convirtió precisamente esa circunstancia en uno de los principales argumentos para justificar el cambio de rumbo.
«Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con actos concretos y verificables», afirmó De la Espriella.
Y agregó: «En este Gobierno no hay otra forma distinta que sometiéndose a la justicia».
El anuncio supone un giro político significativo.
Durante el mandato de Gustavo Petro, la llamada ‘paz total’ buscó abrir simultáneamente canales de diálogo y sometimiento con diferentes organizaciones armadas, incluidas estructuras disidentes de las FARC, grupos vinculados al narcotráfico y sectores que se separaron del ELN.
La estrategia enfrentó numerosas dificultades, entre ellas rupturas, suspensión de conversaciones y cuestionamientos por el comportamiento de algunos grupos durante los procesos.
El nuevo Gobierno sostiene ahora que los diálogos no podrán utilizarse para suspender indefinidamente las obligaciones judiciales de quienes sean requeridos por otros Estados.
La nueva fórmula pretende condicionar cualquier eventual acercamiento a compromisos concretos y comprobables de sometimiento a la legalidad.
La decisión, sin embargo, no significa que todas las posibilidades de diálogo desaparezcan automáticamente de la agenda estatal.
Lo que cambia, según el Gobierno, es el marco bajo el cual podrán desarrollarse.
La prioridad declarada será recuperar el control territorial y fortalecer la capacidad del Estado frente a las organizaciones armadas.
La reactivación de estas cinco extradiciones constituye así una de las primeras señales concretas del cambio de política anunciado por De la Espriella.
Tres de los implicados ya están detenidos y deberán afrontar los procedimientos correspondientes para su eventual entrega a Estados Unidos; los otros dos siguen prófugos y son objeto de búsqueda.
Más allá de las declaraciones políticas, el verdadero alcance de esta nueva estrategia se medirá en los próximos meses, especialmente frente a la evolución de los grupos armados y a la capacidad del Gobierno para combinar operaciones de seguridad con eventuales procesos de sometimiento.
Por ahora, el mensaje presidencial es inequívoco: «Este Gobierno empieza a desmontar ese modelo de falsa paz y a reemplazarlo por una política de seguridad, legalidad y autoridad del Estado».
Descargo de responsabilidad: Este contenido puede haber sido creado por IA con fines de entretenimiento.
Cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales es pura coincidencia.
