El expediente de la Fiscalía revela chats entre los implicados en el caso Yulixa Tolosa donde se coordinan acciones para ocultar el vehículo, cambiar teléfonos y evitar el rastreo tras la muerte ocurrida en un centro estético clandestino en Bogotá

La investigación por la muerte de Yulixa Tolosa destapó una cadena de conversaciones estremecedoras, maniobras para ocultar evidencia y una presunta red de encubrimiento que habría comenzado pocas horas después del procedimiento estético practicado en un centro clandestino de Bogotá.

El expediente judicial, de más de 540 páginas, contiene mensajes, registros de movimientos y testimonios que muestran cómo los implicados habrían intentado desaparecer el vehículo relacionado con el caso, manipular teléfonos celulares y coordinar una salida hacia Venezuela mientras las autoridades seguían el rastro de la joven desaparecida.

Los documentos revelan que María Fernanda Delgado, señalada como propietaria del establecimiento conocido como Beauty Laser, mantuvo contacto constante con su tío Jesús Hernández desde territorio venezolano.

En uno de los chats incluidos en la investigación se lee: “Traten de no llamar por el normal”.

En otra conversación, la mujer insiste en tomar medidas para evitar ser identificados: “Tapabocas y cuidado, miren bien para todos los lados”.

Para los investigadores, estos mensajes evidencian una estrategia coordinada para evadir controles y borrar cualquier vínculo con la desaparición de Yulixa.

La Fiscalía sostiene que, tres días después de la desaparición, los implicados ya discutían cómo mover el vehículo relacionado con el caso hacia Venezuela.

Según el expediente, los sospechosos cambiaron líneas telefónicas, compraron nuevos chips y utilizaron aplicaciones de mensajería para dificultar el rastreo.

Uno de los apartes más impactantes muestra cómo seguían las noticias sobre cuerpos hallados en distintas zonas del país.

“¿Encontraron la que se te perdió?”, escribió uno de los involucrados.

La respuesta fue aún más fría: “No, papi, esa no es”.

Las autoridades consideran que esos mensajes son fundamentales para demostrar una presunta intención de ocultamiento.

La fiscal del caso aseguró durante la audiencia que el celular de Yulixa fue manipulado después de su muerte para enviar mensajes a familiares y amigas, creando la falsa impresión de que seguía con vida y se dirigía a una clínica.

“Se evidenciaron comunicaciones anómalas desde el teléfono celular de la víctima”, afirmó la funcionaria, señalando que los textos no coincidían con la manera habitual de escribir de la joven.

El expediente también contiene detalles del deterioro físico que sufrió Yulixa tras el procedimiento estético denominado “tronco completo más transferencia”.

La fiscal Juana Acosta describió que la víctima presentó “debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado, episodios de pérdida de conciencia y un deterioro progresivo de salud”.

A pesar de la gravedad de los síntomas, el centro médico no habría activado protocolos adecuados de emergencia.

Uno de los hallazgos que más indignación causó entre los investigadores fue el contenido del consentimiento informado firmado antes de la cirugía.

El documento señalaba que el establecimiento no asumía responsabilidad por complicaciones posteriores ni por tratamientos realizados fuera de sus instalaciones.

Para la Fiscalía, esa cláusula refleja las condiciones irregulares bajo las cuales operaba el lugar.

Durante las audiencias judiciales, la actitud de algunos capturados generó rechazo.

La Fiscalía afirmó que Kevin Celqueira y Jesús Hernández permanecieron tranquilos e incluso sonrieron mientras se exponían detalles del caso.

La tensión aumentó cuando un delegado de la Procuraduría cuestionó el procedimiento de captura y pidió la libertad de los implicados, argumentando presuntas irregularidades.

La fiscal respondió con dureza: “La Fiscalía General de la Nación exige respeto”.

Horas más tarde, el funcionario fue apartado del proceso.

Aunque Colombia y Venezuela no tienen tratado formal de extradición, las autoridades confirmaron que ya iniciaron gestiones diplomáticas y judiciales para avanzar en la cooperación internacional.

El director de la DIJÍN aseguró que se están utilizando mecanismos especiales para mantener privadas de la libertad a las personas vinculadas al caso y garantizar que respondan ante la justicia colombiana.

El caso provocó además una fuerte reacción de las autoridades sanitarias.

La Secretaría de Salud de Bogotá intensificó los operativos contra centros estéticos clandestinos que realizan procedimientos invasivos sin autorización.

En Kennedy fueron clausurados cinco establecimientos que operaban sin documentación legal, mientras que en Usaquén se detectaron consultorios que ofrecían rinomodelaciones y aplicaciones estéticas bajo fachadas odontológicas.

Las inspecciones también llegaron a Bucaramanga y otras ciudades del país.

En el área metropolitana fueron cerrados siete centros que practicaban procedimientos médicos sin habilitación oficial.

Según las autoridades, algunos lugares realizaban infiltraciones, tratamientos vasculares y aplicaciones estéticas sin personal certificado ni condiciones sanitarias adecuadas.

Funcionarios de salud insistieron en que los ciudadanos deben verificar si los establecimientos aparecen habilitados en los registros oficiales y confirmar que los especialistas estén certificados por asociaciones médicas reconocidas.

“Cuando la comunidad identifique procedimientos en sitios no autorizados, debe denunciar”, señalaron durante los operativos.

El caso de Yulixa Tolosa se convirtió en una de las investigaciones más impactantes de los últimos meses en Colombia no solo por la muerte de la joven, sino por la presunta cadena de encubrimientos, mensajes secretos y maniobras posteriores que quedaron registradas en el expediente judicial.

Cada nueva revelación aumenta la presión sobre las autoridades para desmantelar clínicas clandestinas que siguen operando bajo fachadas legales mientras ofrecen procedimientos de alto riesgo sin controles médicos adecuados