El Tribunal confirma la responsabilidad del hermano del expresidente en la creación del grupo ‘Los 12 Apóstoles’. La senadora Pizarro califica el fallo como el fin de la impunidad uribista.

El panorama jurídico y político de Colombia ha sufrido una sacudida institucional de proporciones históricas. El debate electoral se encendió de manera definitiva luego de que el abogado penalista y candidato Abelardo de la Espriella difundiera un vehemente mensaje en sus canales oficiales asegurando que la justicia ordinaria había absuelto a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras lo que calificó como “30 años de persecución judicial infame y montajes mamerteros”.

Sin embargo, la narrativa de la defensa se desmoronó formalmente en cuestión de horas. Los altos tribunales notificaron la ratificación de la sentencia condenatoria en contra de Santiago Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. La decisión judicial provocó la reacción inmediata de la bancada oficialista en el Congreso, liderada por la senadora María José Pizarro, quien confrontó con dureza al jurista y al entorno del uribismo.

“Santiago Uribe Vélez es un criminal de lesa humanidad condenado en todas las instancias por haber sido el líder de un grupo paramilitar que asesinó a centenares de personas inocentes. ¿Qué tiene por decir el defensor de los paramilitares? Colombia nunca volverá al pasado de muerte que usted representa”, aseveró la senadora Pizarro.

El fallo judicial, que consta de más de 600 páginas de análisis probatorio, detalla de forma pormenorizada cómo se estructuró la organización criminal conocida como “Los 12 Apóstoles” durante la década de los noventa en el departamento de Antioquia. De acuerdo con la providencia, la estructura armada ilegal operaba con la complicidad y el apoyo activo de agentes del Estado, pertenecientes principalmente a la Policía Nacional.

El expediente judicial fundamentó la culpabilidad de Santiago Uribe Vélez en tres pilares probatorios determinantes:

Centro de operaciones: Se demostró que la Hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe para la época de los hechos, era utilizada para coordinar las reuniones logísticas del grupo ilegal.

Testimonios clave: El proceso recopiló las declaraciones del mayor (R) Juan Carlos Meneses Quintero y del capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, quienes detallaron que recibieron órdenes explícitas de colaborar con la estructura criminal y señalaron directamente al hermano del expresidente como el máximo dirigente.

Listas de exterminio: Múltiples testigos presenciales coincidieron en la existencia de bitácoras y listas negras donde el grupo marcaba a ciudadanos señalados de ser supuestos auxiliadores de las guerrillas para posteriormente ejecutarlos bajo políticas de “limpieza social”.

Además de la conformación de la red paramilitar, la condena contra Uribe Vélez incluye su responsabilidad directa en calidad de director del grupo por el homicidio de Camilo Barrientos Durán, un conductor de servicio público asesinado el 25 de febrero de 1994. Las pruebas recolectadas determinaron que el crimen fue ejecutado bajo el amparo de la estructura delictiva de ‘Los 12 Apóstoles’.

Ante la contundencia del fallo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez apareció públicamente en un metraje donde se le observa visiblemente afectado y cabizbajo, afirmando que su familia está “abatida” y calificando la condena como una injusticia institucional. Por su parte, sectores de la opinión pública criticaron a de la Espriella por intentar desviar la atención ciudadana atacando al presidente Gustavo Petro, evidenciando que las estrategias de propaganda política ya no tienen el peso suficiente para frenar las decisiones de los tribunales de la República.