Un mes del femicidio de Agostina Vega: la investigación apunta a la capacidad de manipulación del asesino y a las fallas del sistema judicial
La reconstrucción del crimen de la menor de 14 años en Córdoba evidencia el historial delictivo de Claudio Barrelier y los retrasos policiales en el inicio de los registros.
Transcurrido un mes desde el asesinato y posterior desmembramiento de la menor Agostina Vega, de 14 años, la instrucción penal liderada por el fiscal Raúl Garzón ha consolidado una hipótesis única y concluyente sobre la autoría material del crimen.
Las pruebas reunidas en el expediente ratifican que el principal imputado, Claudio Barrelier, planificó y ejecutó el femicidio en solitario el pasado sábado 23 de mayo, valiéndose de un entorno delictivo y de una acreditada capacidad de manipulación psicológica para eludir la acción de la justicia en las horas posteriores al suceso.
Según constatan los testimonios concordantes de una amiga de la víctima y del conductor del vehículo de alquiler que la trasladó, la menor acudió al encuentro de Barrelier bajo el engaño de recibir un obsequio para su madre.
El acusado, quien mantenía un vínculo de confianza con la familia de la víctima desde hacía años, introdujo a la adolescente en una vivienda de estructura lineal (denominada localmente «casa chorizo») aprovechando la ausencia de uno de los inquilinos, Osvaldo Faceta, quien actualmente se encuentra detenido bajo la acusación de encubrimiento agravado por haber desviado las primeras líneas de investigación mediante declaraciones falsas.
El análisis criminológico del perfil de Barrelier ha suscitado una profunda preocupación en el ámbito judicial de la provincia.
Un año antes del crimen de Vega, el encartado había sido procesado por el intento de abuso sexual de una joven de 22 años, quien logró evadirse de su cautiverio.
En aquella oportunidad, Barrelier permaneció bajo arresto apenas diez días antes de ser excarcelado por los magistrados intervinientes, un beneficio que los representantes de la querella atribuyen a una manifiesta falta de perspectiva de género en las estructuras judiciales y a la influencia política del acusado en el tejido asociativo de la periferia cordobesa.
La instrucción ha revelado que el procesado poseía una personalidad descrita por los peritos como «envolvente y persuasiva», hasta el extremo de haber convencido a su entorno íntimo —incluida la progenitora de Agostina Vega— de su inocencia en los cargos anteriores.
Documentos integrados en la causa demuestran que la madre de la menor llegó a colaborar activamente en la recaudación de los fondos necesarios para costear la fianza que devolvió la libertad al agresor meses antes de que este reincidiera con consecuencias fatales.
Otro de los flancos críticos del proceso administrativo radica en la denuncia de las dilaciones policiales.
Los familiares de la víctima señalaron que la recepción de la denuncia por desaparición sufrió retrasos injustificados en la comisaría de distrito debido a la distracción del personal de guardia durante un evento deportivo, lo que derivó en que el allanamiento de la vivienda del sospechoso se ejecutara cinco días después del crimen.
Este intervalo temporal resultó crucial para que el autor material procediera al desmembramiento del cadáver y a su posterior traslado hacia un descampado del sector sur de la ciudad utilizando el automóvil de su pareja, Soledad Andreani.
«La contundencia de las pruebas científicas presentadas por la fiscalía general sitúa la expectativa de la condena en la reclusión perpetua efectiva, sin acceso a beneficios de reducción de pena por comportamiento», confirmaron fuentes de la asesoría jurídica familiar.
A la espera de los informes psiquiátricos definitivos y de la resolución sobre la situación procesal de un matrimonio vecino implicado presuntamente en la fase de ocultamiento, el tribunal se encamina a dictar el procesamiento definitivo de los tres detenidos actuales.
De confirmarse la calificación legal de femicidio, la legislación penal argentina estipula para el autor una reclusión de 35 años de cumplimiento íntegro, clausurando cualquier vía de excarcelación anticipada.
