El congresista Iván Cepeda expone presuntos vínculos históricos del padre del candidato presidencial con la legalización de predios irregulares. El oficialismo acusa a la oposición de planear la disolución de 133 entidades estatales.

La carrera hacia la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio de 2026 ha alcanzado su punto de mayor ebullición judicial y política.

En las últimas horas, una serie de denuncias públicas emitidas por el senador Iván Cepeda Castro y respaldadas por investigaciones independientes han golpeado el núcleo estratégico de la campaña del candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, vinculando directamente a su entorno familiar y a sus coordinadores regionales con redes de despojo de tierras y economías ilícitas.

El foco de la controversia se centra en la figura de Abelardo de la Espriella padre.

De acuerdo con los datos presentados por el investigador Juan Poe y expuestos ante la opinión pública por Cepeda, el padre del hoy aspirante presidencial se vio beneficiado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con los nombramientos de las Notarías 25 y 28 de Bogotá, en el marco del histórico escándalo de corrupción judicial conocido como la “Yidispolítica”.

Según la tesis del sector progresista, dichas oficinas notariales presuntamente jugaron un rol determinante en la formalización y legalización de miles de hectáreas despojadas a comunidades campesinas por parte de estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y carteles del narcotráfico.

Los críticos señalan además que el propio candidato presidencial inició su carrera jurídica asesorando en Santa Fe de Ralito a exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso.

El panorama se tornó aún más complejo para la oposición tras el pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, quien confirmó la intervención estatal en predios del sur del departamento de Córdoba.

Las autoridades restituyeron a comunidades agrarias terrenos que se encontraban bajo la ocupación ilícita de Félix Gutiérrez, coordinador de la campaña de De la Espriella en dicha región.

“Todo corrupto y narco debe ser separado de inmediato de las campañas. Las tierras que entregué en Córdoba estaban ocupadas por el coordinador de la campaña de Abelardo. Se apropió de bienes entregados por ‘Cuco Vanoy’ a la justicia por ser jefe paramilitar. Para eso proponen acabar con la Agencia Nacional de Tierras, para quedarse con las propiedades de la nación”, aseveró el mandatario.

La tensión se trasladó a los medios de comunicación en un encendido debate radial entre la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, y el jefe de debate de la campaña opositora, el senador Mauricio Gómez Amín.

Durante la confrontación, Carrascal sacó a la luz pública el listado de las 133 instituciones y superintendencias públicas que la plataforma de De la Espriella planea suprimir bajo su propuesta de reforma fiscal y reducción del Estado.

Entre las entidades señaladas para su eliminación se encuentran la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas, la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Unidad Nacional de Protección (UNP) e incluso empresas estatales como Satena y el Banco Agrario.

El proyecto de la oposición contempla asimismo la dolarización integral de la economía colombiana, prescindiendo de las facultades del Banco de la República.

Gómez Amín intentó desviar la discusión hacia el uso de los símbolos patrios, cuestionando el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de los sectores de izquierda y acusando al gobierno actual de promover una Asamblea Nacional Constituyente de corte autoritario.

No obstante, Carrascal desestimó los señalamientos aclarando que el proyecto de reforma constitucional fue retirado formalmente por el oficialismo y defendió los indicadores económicos del actual periodo de gobierno:

“Ustedes son antiderechos, no tendrían ningún problema en destriparnos como ya lo ha dicho Abelardo. Nosotros demostramos resultados concretos: el desempleo está en mínimos históricos, el salario mínimo pasó de un millón a dos millones de pesos, formalizamos a miles de madres comunitarias y operarias del PAE, y activamos la demanda interna. Dijeron que seríamos como Venezuela y hoy los bancos y las empresas registran ganancias históricas en un Estado Social de Derecho”, puntualizó la congresista, dejando en evidencia la profunda fractura programática que definirá el futuro inmediato del país en las urnas.