La Corte Suprema condena a prisión por corrupción al coordinador del candidato derechista en la frontera. Iván Cepeda denuncia una estrategia de «violencia política» ante el recrudecimiento de los ataques a sedes y la aparición de propaganda intimidatoria.

BOGOTÁ

La carrera hacia la presidencia de Colombia ha entrado en una espiral de alta tensión institucional a escasos días de que los ciudadanos acudan a las urnas para el balotaje definitivo.

La campaña del candidato de la derecha conservadora, Abelardo de la Espriella, ha sufrido un severo impacto en su infraestructura territorial tras conocerse un adverso fallo de la Corte Suprema de Justicia contra uno de sus principales operadores políticos, en medio de un clima generalizado de denuncias por presunta «violencia política» e intimidación ideológica elevado por el sector oficialista que lidera el senador Iván Cepeda.

El golpe más contundente contra el entorno de De la Espriella procede de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión a Julio Enrique Acosta Bernal, exgobernador del estratégico departamento de Arauca y actual coordinador de la campaña derechista en esa región fronteriza.

Acosta Bernal fue hallado culpable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales debido a las anomalías detectadas en el contrato 322 de 2005, destinado a la ampliación del Hospital San Vicente de Arauca por una cuantía superior a los 7.000 millones de pesos.

El fallo, que impone además una inhabilidad para ejercer funciones públicas de 62 meses y una multa económica, ordena que la pena se ejecute bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La controversia en Bogotá se ha intensificado al revelarse que esta constituye la segunda condena penal dictada por la misma corporación contra el barón electoral de Arauca.

En noviembre de 2023, la Corte ya le había impuesto una pena de 75 meses de prisión por irregularidades contractuales análogas, un antecedente que ha llevado a la coalición del Pacto Histórico a cuestionar los criterios de selección de personal del equipo de De la Espriella.

De forma paralela, el senador Iván Cepeda ha judicializado una serie de incidentes que, según el oficialismo, configuran una campaña sistemática de hostigamiento.

Entre las evidencias aportadas destaca un registro audiovisual capturado en el municipio de Tuta (Boyacá), donde se observa a sujetos ocultos desmontar propaganda electoral de la izquierda utilizando un vehículo particular que portaba distintivos oficiales de la campaña de De la Espriella.

«En democracia podemos tener diferencias intensas y confrontar ideas con firmeza, pero nunca debemos apelar a la violencia, ni a la simbólica que siembra miedo, ni a la física que pretende destruir al contradictor», manifestó Cepeda mediante un comunicado en el que apeló a la serenidad de sus bases frente a lo que calificó de provocaciones premeditadas.

La preocupación institucional ha aumentado tras la aparición de vallas publicitarias en Armenia (Quindío) en las que se muestra gráficamente al candidato opositor pisoteando a figuras del oficialismo, una estética que sectores académicos y del centro político han tildado de «autoritaria».

Asimismo, las autoridades investigan la veracidad de panfletos y correos electrónicos de carácter intimidatorio remitidos a los servidores de la Universidad del Cauca y la Universidad del Valle, en los que el colectivo autodenominado «Firme por la Patria» amenaza con ejecutar una «limpieza ideológica y presupuestaria» en los centros de educación superior públicos del país.

El debate político ha alcanzado el plano de la memoria histórica con la divulgación de documentos del archivo ejecutivo por parte de redes de investigación periodística.

En concreto, se ha puesto bajo el foco el Decreto de 2008 mediante el cual el expresidente Álvaro Uribe Vélez nombró como Notario 28 de Bogotá a Abelardo de la Espriella Juris, padre del actual aspirante presidencial.

Según los registros históricos de la judicatura y de portales de control como La Silla Vacía, dicho nombramiento se produjo inicialmente en Cartagena en 2002 y posteriormente se trasladó a la capital, coincidiendo con el periodo en que el exsuperintendente de Notariado, Manuel Cuello Baute —posteriormente condenado—, gestionaba la asignación de notarías a sectores afines al Ejecutivo en el marco del conocido escándalo judicial de la «Yidispolítica».

Aunque la familia de De la Espriella ha sostenido históricamente que la designación respondió exclusivamente a una relación de amistad personal con el exmandatario y no a contraprestaciones parlamentarias, la oposición ha utilizado estos sumarios para rebatir el discurso de independencia frente al Estado que el candidato derechista ha enarbolado como eje central de su propuesta de gobierno.