Dos de los tres representantes investigadores salvan su voto y piden imputar provisionalmente al presidente por presunta financiación irregular en 2022. En paralelo, la oposición interpone una acción popular para prohibir la intervención pública del mandatario en la campaña de Iván Cepeda.

La crisis institucional en Colombia ha entrado en una fase irreversible en el tramo final de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

En un vuelco jurídico de implicaciones históricas, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se encamina a emitir una imputación provisional contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por presuntas anomalías financieras en la campaña que lo llevó al poder en el año 2022.

El proceso legislativo cobró un impulso definitivo tras el salvamento de voto conjunto presentado por los representantes investigadores Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Carrillo.

Ambos congresistas radicaron un documento oficial en el que sostienen que existen «elementos de juicio suficientes» para llamar al jefe de Estado a indagatoria formal.

El texto fundamenta dogmáticamente la acusación bajo la tesis jurídica del «dominio del hecho», en sus modalidades de coautoría impropia y autoría mediata por estructura de organización, sugiriendo que el mandatario habría tenido el control directo sobre el flujo de los recursos cuestionados.

A diferencia de los precedentes de las últimas décadas en el Palacio de Nariño, donde las indagaciones penales a mandatarios en ejercicio solían archivarse en sede parlamentaria, la célula legislativa ha solicitado celeridad en la práctica de pruebas clave.

Entre las diligencias ordenadas destaca una petición formal a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para recopilar reportes sobre operaciones comerciales «inusuales o sospechosas» vinculadas a los comicios de 2022.

El expediente, alimentado previamente por las resoluciones administrativas del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las denuncias presentadas por parlamentarios de la oposición como Miguel Polo Polo y Cristian Garcés, se centra en cuatro ejes específicos:

Gastos extemporáneos: La presunta omisión de reportes contables asociados a la logística y pago de los testigos electorales tras el cierre de las urnas.
Aportes de organizaciones sindicales: Fondos supuestamente triangulados a la campaña a través de los partidos de la coalición procedentes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Logística aérea: Supuestas duplicidades y omisiones en los registros de facturación de los vuelos privados utilizados por el candidato durante las giras nacionales.

De prosperar la ponencia de Arizabaleta y Carrillo —este último envuelto simultáneamente en un proceso ante la Corte Suprema por supuestos hechos de corrupción local—, la Cámara presentará la acusación formal ante el Senado, de mayoría conservadora, órgano competente para decidir la destitución o la suspensión del aforado.

La ofensiva jurídica contra el oficialismo no se limita al Capitolio.

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, actuando en representación de la campaña de coalición derechista de Abelardo de la Espriella, radicó una acción popular con solicitud de medidas cautelares de urgencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El recurso busca que la judicatura ordene al presidente Petro y al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) la «inmediata cesación de cualquier actividad tendiente a respaldar públicamente» al aspirante presidencial Iván Cepeda.

Ruiz argumenta que Petro ha quebrantado la neutralidad institucional al emitir mensajes en sus redes sociales en los que se ofrece a asumir la vocería y gerencia de la campaña del Pacto Histórico para la segunda vuelta.

El sector de De la Espriella sostiene que el mandatario utiliza su condición de jefe de Estado para influir de forma indebida en el electorado, induciendo el voto hacia la izquierda mediante discursos que advierten sobre un supuesto retorno a épocas de violencia.

Frente a la presión de la oposición para que se tomen medidas disciplinarias inmediatas, el procurador general, Gregorio Eljach, aclaró ante los medios de comunicación que su despacho carece de competencia constitucional para sancionar o suspender provisionalmente al presidente de la República, ratificando que dicha potestad reside exclusivamente en la Comisión de Acusación de la Cámara.

El dictamen congresista, por tanto, se convierte en el epicentro de una batalla institucional que marcará de forma definitiva el resultado de las elecciones presidenciales.