El Ministerio Público aparta provisionalmente a Carlos Carrillo por presunta participación en política tras calificar de «proyecto fascista» a la oposición. El funcionario acusa a la radiodifusión tradicional de sesgo electoral y violar su debido proceso.

BOGOTÁ

La campaña presidencial en Colombia avanza hacia la segunda vuelta en un escenario de extrema polarización e intensa controversia jurídica.

La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la suspensión provisional de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo la acusación de presunta intervención indebida en política.

La decisión, adoptada en un plazo perentorio de tres horas tras la formulación de una queja disciplinaria, ha reactivado las denuncias del estamento gubernamental sobre una supuesta persecución institucional contra el Ejecutivo de Gustavo Petro.

El origen de la medida disciplinaria radica en una serie de declaraciones públicas ofrecidas por Carrillo.

En ellas, el funcionario respaldó las advertencias del presidente Petro sobre el ascenso de lo que denominó un «proyecto abiertamente fascista» en el país, en alusión indirecta a la candidatura conservadora de Abelardo de la Espriella, argumentando que sus propuestas electorales implicarían el desmantelamiento de las políticas sociales y ambientales vigentes.

La acción del Ministerio Público se desencadenó tras la denuncia formal interpuesta ante el órgano de control por Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda.

Henao justificó la urgencia de la medida cautelar señalando el riesgo implícito de que un funcionario con una alta ejecución presupuestaria e influencia territorial intervenga en el debate electoral:

«No puede normalizarse que quien dirige una entidad con enorme poder presupuestal participe en controversias electorales desde su investidura pública.

Es fundamental que la Procuraduría proteja el principio de neutralidad electoral», afirmó el exministro.

La tensión institucional se trasladó al plano de los medios de comunicación durante una entrevista en la cadena Blu Radio, donde Carrillo protagonizó un enconcéntrico debate técnico e histórico con los periodistas Néstor Morales y Ricardo Ospina.

El director suspendido defendió la legalidad de sus palabras argumentando que en ningún momento solicitó explícitamente el voto por una opción determinada ni mencionó por su nombre al aspirante presidencial de la oposición.

Durante el intercambio, Carrillo acusó a la mesa de trabajo de generar un «juicio paralelo» y de omitir el principio de presunción de inocencia al calificar su falta disciplinaria como un hecho consumado antes de concluir la investigación formal.

Asimismo, el funcionario recurrió a paralelismos históricos sobre el ascenso del fascismo en la Europa de entreguerras para sostener que caracterizar un discurso de aniquilación política no constituye una vulneración de las normas estatutarias colombianas, sino una defensa legítima de los valores democráticos.

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de su colaborador a través de los canales oficiales, tildando la suspensión de «arbitrariedad» y sugiriendo que la sanción responde únicamente al uso de la palabra «fascismo» en el debate público.

Desde la perspectiva gubernamental, la medida busca limitar la capacidad de respuesta del gabinete frente a los cuestionamientos de la oposición.

En el Congreso de la República, el debate ha provocado reajustes en las fuerzas del centro político.

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, formalizó su adhesión a la candidatura oficialista liderada por el senador Iván Cepeda.

Losada justificó su postura argumentando la necesidad de frenar un modelo político que, a su juicio, amenaza la institucionalidad ambiental, la diversidad de género y los compromisos de protección de los derechos humanos en el país.