La difusión de un debate en el Congreso de EE.UU. sobre posibles sanciones de la lista OFAC a funcionarios electorales desata una tormenta diplomática. Petro y Cepeda califican la estrategia de «afrenta a la soberanía», mientras De la Espriella defiende la vigilancia internacional frente a un presunto fraude.

BOGOTÁ / WASHINGTON

La tensión política en Colombia ha alcanzado una dimensión internacional sin precedentes a menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, fijada para el próximo 21 de junio.

La coalición oficialista Pacto Histórico ha denunciado formalmente lo que considera una «estrategia de coacción institucional» por parte de altos cargos de los Estados Unidos, tras la difusión de una audiencia pública en el Congreso norteamericano donde se planteó el uso de herramientas financieras y migratorias para tutelar el proceso electoral andino.

Durante la sesión, la congresista republicana María Elvira Salazar interrogó formalmente al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la disposición de la Administración Trump para imponer sanciones —incluyendo la revocación de visados y la inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— a cualquier funcionario o ciudadano colombiano involucrado en un eventual fraude electoral.

Rubio ratificó que Washington empleará «todos los mecanismos al alcance» para garantizar unos comicios libres, una declaración que el Ejecutivo de Gustavo Petro ha interpretado como una injerencia directa destinada a favorecer al candidato conservador Abelardo de la Espriella.

La respuesta del presidente Gustavo Petro ha sido taxativa.

Además de reiterar que el país no aceptará condiciones que comprometan su autonomía constitucional, el mandatario equiparó las advertencias económicas de Washington con «armas políticas» diseñadas para amedrentar al electorado.

Petro, en un mensaje de fuerte carga histórica, apeló al legado de soberanía de los libertadores y advirtió de que la democracia colombiana «corre el riesgo de ser tratada como una colonia» debido a la alineación de la oposición con los intereses geoestratégicos de la Casa Blanca en el hemisferio.

Por su parte, el candidato de la izquierda radical, Iván Cepeda, calificó de «actitud apátrida» la postura de su rival, De la Espriella, a quien acusó de intentar «trasplantar modelos de la justicia estadounidense» para sustituir la institucionalidad colombiana.

Cepeda criticó asimismo las pasadas alianzas regionales de la derecha con mandatarios extranjeros, argumentando que el diseño de la campaña conservadora erosiona la integridad del voto popular.

La controversia ha reactivado los expedientes judiciales más espinosos de ambos sectores.

Desde el oficialismo se ha criticado con dureza la afinidad entre De la Espriella y la Administración Trump, recordando episodios de la política exterior estadounidense como el indulto presidencial otorgado en el pasado al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.

Según el argumentario del Pacto Histórico, estas medidas evidencian que el interés de Washington responde a criterios estrictamente geopolíticos de control regional frente al avance de otras potencias, como China.

En contraposición, la campaña de Abelardo de la Espriella se ha defendido solicitando formalmente a las autoridades de los Estados Unidos que mantengan una estricta vigilancia sobre el censo y el software de escrutinio en Colombia.

Sectores afines a la oposición recordaron las revelaciones periodísticas difundidas por cabeceras internacionales como The Latin Times, que documentaron transferencias financieras civiles en el estado de Florida vinculadas a la etapa en la que De la Espriella ejerció la representación legal del empresario Alex Saab, estrechamente ligado al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

La polarización judicial se completó con las últimas declaraciones de Petro a través de sus redes sociales, donde denunció la existencia de presiones dentro de las comisiones del Congreso colombiano para abrir una investigación en su contra que, a su juicio, busca su destitución sin bases jurídicas sólidas, consolidando un escenario de máxima inestabilidad institucional de cara a la cita definitiva con las urnas.